SANTIAGO.- El gobierno de Chile todavía no resuelve enviar una nota de protesta al gobierno venezolano por la expulsión desde ese país del chileno José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch.
"No hay ninguna decisión tomada al respecto", dijo este mediodía el vocero Francisco Vidal.
Diversos sectores políticos expresaron el sábado su rechazo contra la medida tomada por el gobierno de Hugo Chávez y los partidos opositores pidieron una actitud más firme del Ejecutivo.
Vidal insistió en la postura de "rechazo" del gobierno chileno sobre este tema, tal cual manifestó inicialmente el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren.
Chilena detenida en Argentina
Vidal se refirió también a la detención de una chilena en Argentina por intentar introducir material explosivo a la cárcel de San Martín de Los Andes, donde permanecen recluidos dos lautaristas vinculados a la muerte del cabo de Carabineros Luis Moyano.
"Podemos avanzar en que no nos equivocamos respecto de las sospechas fundadas que tenemos sobre ellos y por eso solicitamos la extradición", dijo el vocero de gobierno.
"Cuando ellos terminen su proceso allá, la extradición debiera aprobarse", afirmó.
La mujer fue identificada como Andrea Macarena Urzúa Cid, quien fue apresada en el paso internacional Hua-Hum.
Según los primeros informes, Urzúa Cid llegó a la localidad trasandina hace tres días, con la intención de visitar a Marcelo Villarroel Sepúlveda y a Freddy Fuentevilla Saá, quienes fueron detenidos el 16 de marzo pasado tras protagonizar una riña y portar armas de guerra.
El arresto de la chilena ocurrió a sólo ocho días del inicio del juicio oral que deberán enfrentar Villarroel y Fuentevilla por tener en su poder armas de guerra -una pistola 9 mm y otra calibre .45-, con las que amenazaron a guardias de un pub durante una riña, en San Martín. Ambos arriesgan una pena máxima de ocho años y medio de prisión.