SANTIAGO.- Arguyendo que el Transantiago es una política pública, el Tribunal Constitucional (TC) reveló hoy la redacción oficial de los motivos por los que declaró inconstitucional los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Estado para financiar el sistenma de transporte público de Santiago y regiones.
Esto en respuesta a los fundamentos entregados por el Gobierno, que alegó que tanto ambos créditos (US$ 400 millones del BID y US$ 10 millones del otro) los solicitó un ente privado: la cuenta especial de reembolso, creada por ley, y constituida por el Ministerio de Transportes, los operadores y el AFT, que además la administra. Como es privada, no requiere autorización del Congreso para endeudarse, pero según la ley que la creó, sí deben autorizarla los ministerios de Transportes y Hacienda.
No obstante, esta tarde la instancia consideró que tal situación vulneraba el artículo 63, número 7 de la Constitución, razón por la cual declaró ilegal la cuenta de reembolso creada por la secretaría de Estado para manejar los préstamos.
En vista de ello, el requerimiento fue impugnado el pasado 2 de septiembre por ocho votos contra dos -sólo el presidente del TC, Juan Colombo, y el abogado Francisco Fernández, apoyaron al Gobierno-, debido a que al ser público, su financiamiento obliga a la elaboración y aprobación de una ley en el Congreso.
Además, el compromiso de los recursos solicitados comprometía dineros que se tratarían fuera de la actual administración, pues los plazos de ambos créditos eran de seis años.
El rechazo de los préstamos dejó sin financiamiento al Transantiago y obligó al Gobierno a anunciar la utilización del 2% constitucional.