Vidal dijo que el Gobierno no tenía nada que opinar respecto a las acciones judiciales de Provoste.
Héctor Aravena, El MercurioSANTIAGO.- El ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, aseguró hoy que Yasna Provoste "está en su derecho" al recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su destitución del cargo de ministra de Educación, el 16 de abril pasado.
El secretario de Estado se encargó de remarcar que en este caso "el Gobierno no tiene nada que opinar", pero sí recordó que "no es primera vez ni será la última que una persona que ha sentido que sus derechos han sido pasados a llevar recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
En este punto, el vocero del Ejecutivo hizo hincapié en que al reconocer este derecho de Provoste La Moneda no está desconociendo la resolución del Poder Legislativo, que en abril pasado consideró que había razones para destituir a la entonces ministra de Educación.
"El Gobierno tiene claro cuáles son las reglas del juego en Chile. (...) Quiero hacer una distinción entre el sistema en Chile y el derecho de una persona a reclamar contra ese sistema y contra una destitución que el sistema en Chile le aplicó", manifestó.
Junto con asegurar que La Moneda desconocía la posibilidad de que Provoste presentara una demanda contra el Estado chileno ante la mencionada Comisión -información publicada hoy en exclusiva por "El Mercurio"-, Vidal insistió en que este "es el ejercicio por parte de una chilena de un derecho que está consagrado en nuestros tratados internacionales".
Anoche, vía correo certificado, la ex ministra de Educación envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por su destitución del cargo. Según su círculo cercano, con esto sólo buscaría que se le restituyan sus derechos políticos, especialmente la posibilidad de ejercer cargos públicos, tras quedar inhabilitada por cinco años.
La demanda, patrocinada por el abogado DC Roberto Garretón, se sustenta principalmente en que Provoste "no fue sometida a un juicio justo" y fue destituida "por faltas que no cometió", vulnerándose así las "más elementales formalidades del debido proceso".
Asimismo, indica que las faltas que se atribuyeron para destituirla (eventuales irregularidades en la entrega de subvenciones escolares de la Seremi Metropolitana) no fueron finalmente acreditadas por la Contraloría, que en septiembre pasado dijo que "no encontró ningún ilícito".