Dura réplica de abogado de Provoste a dichos de Adolfo Zaldívar

SANTIAGO.- Su completo desacuerdo con los argumentos expresados por el presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, respecto a que Yasna Provoste tuvo un debido proceso, manifestó el abogado Patricio Pérez Prado, uno de los patrocinantes de la demanda que la ex ministra de Educación presentó contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A juicio del profesional, la ex secretaria de Estado -destituida de su cargo en abril pasado por supuestas irregularidades en la entrega de subvenciones escolares de la Seremi Metropolitana de Educación- estuvo lejos de enfrentar un proceso justo, pues la sanción que recibió estaba definida incluso antes de que se conociera la acusación.

Pérez también acusó a Zaldívar de no haber actuado como juez imparcial y, por el contrario, influir en la decisión que tomaron el resto de los parlamentarios. "Él hizo declaraciones en el extranjero que demuestran su inhabilidad y habló con otros senadores, según aparece en recortes de prensa del día 10 de abril. Ahí se ve que todo estaba deliberado antes de entrar siquiera a conocerse la acusación. Antes de eso el señor Zaldívar estaba compeliendo a diputados para que fueran a votar, ¿qué clase de juez anda emitiendo ese tipo de veredictos?", criticó el abogado.

En entrevista con Emol, el profesional rebatió también el argumento de que en este caso "la institucionalidad funcionó plenamente", señalando que "en rigor no hubo ninguna prueba" que permitiera sancionar a Provoste y que tampoco existió la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior.

"¿Cómo va a haber un debido proceso, si usted se salta de la etapa de discusión a la de fallo sin que haya una oportunidad real de prueba?, Las pruebas tienen que producirse entre la discusión y el fallo, acá no hubo ninguna prueba, no hubo posibilidad de producción de testimonial y no hubo posibilidad de producción de prueba pericial", cuestionó.

Según Pérez, a lo anterior se añade el hecho de que al analizar la fundamentación de los votos, queda claro que muchos senadores se refieren a hechos "completamente ajenos a lo que fue materia del debate" y que "la presunción de inocencia, que es el marco que debiera servir de base para el conocimiento de esta clase de acusaciones, no existió".

Para Pérez, todo lo anterior "constituye una infracción ordinaria y flagrante al artículo 8, número 2 de la Convención Americana de Derechos del Hombre".

Asimismo, cuestionó que la pena recibida por la ex ministra está establecida claramente en el Código Penal, en el artículo 21, 22 y 23 y por lo tanto es una sanción que se establece ante la constitución de un delito, lo que no fue acreditado por la Contraloría General de la República en su informe final sobre las rendiciones de recursos públicos en el Mineduc.