SANTIAGO.- El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma; el de Hacienda, Andrés Velasco; y el del Trabajo, Osvaldo Andrade, no hicieron pública esta mañana una nueva oferta a los trabajadores del sector público que amenazan con paro indefinido para el lunes, pero mantuvieron abierta la posibilidad de negociar.
El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, subrayó que el Gobierno ha ido avanzado en su propuesta inicial y que el viernes anunció la posibilidad de una nueva alternativa para el lunes. "La inflexibilidad ha estado en el otro sector, que no se ha movido absolutamente una décima de la propuesta oroginal", enfatizó.
El ministro Velasco dijo que "no somos nosotros quienes nos retiramos de la mesa" de negociación, en alusión a la molestia en la ANEF que no aceptó el 6,5% ofrecido por el Ejecutivo, muy por debajo del 14,5% de reajuste que espera el sector público.
Pérez Yoma y Velasco, junto al ministro Andrade se reunieron esta mañana en La Moneda para ver cómo enfrentará el gobierno el paro nacional indefinido que iniciarán los funcionarios públicos el lunes.
Velasco dijo que el gobierno ya ha tenido cinco reuniones con los dirigentes de la ANEF y llamó a buscar soluciones innovadoras para destrabar el conflicto.
“Reiteramos nuestra voluntad, primero, de avanzar en este tema. Y segundo, aquí lo importante es que el servicio público es para servir al público, para crear servicio público de calidad. Eso es lo importante y por eso es la reunión de hoy día”, dijo el ministro de Hacienda.
Pérez Yoma puso énfasis en que lo que quiere el gobierno "es asegurar el día lunes ante el paro convocado por la Anef, que los servicios públicos van a funcionar lo más normal posible. Nuestra intención es asegurar la atención al usuario, que la gente que recurre a los servicios del Estado sea afectada lo menos posible”.
Descuentos
Consultado el ministro del Interior respecto de si se aplicarán descuentos a los trabajadores movilizados, dijo que "la instrucción está dada".
El ministro se refería al instructivo dado a conocer días atrás en el que se plantea que cada jefe de servicio deberá evaluar si corresponde o no aplicar descuentos. Lo anterior pese a que la autoridad se manifestó en el sentido de que quienes no trabajen no tienen derecho a cobrar por un servicio que no han prestado.