Espina y ONG exigen al Gobierno que cumpla Acuerdo Nacional de Seguridad Pública

SANTIAGO.- A un año del Acuerdo Nacional sobre Seguridad Pública, suscrito por el Gobierno y la Alianza, "las víctimas en Chile siguen en el total abandono. Hoy 335 mil víctimas no tienen ningún tipo de ayuda", denunciaron el senador RN Alberto Espina y el presidente de la ONG Víctimas de la Delincuencia, Gonzalo Fuenzalida.

Dicho compromiso contemplaba, entre otros, el derecho de las víctimas de delitos graves a defensa jurídica gratuita y aumentar en 2008 los recursos para aumentar la cobertura del Ministerio Público en este ámbito.

"Pero, hasta hoy, nada de eso se ha cumplido. Por eso, queremos pedir al gobierno, respetuosamente, pero también con mucha claridad, que tenga un poco de comprensión y solidaridad con las víctimas de delitos graves que existen en Chile y que hoy no reciben ningún tipo de apoyo legal ni psicológico", sentenció Espina.

El legislador consideró como "inaceptable, una falta de ética y de preocupación del Estado con ciudadanos honestos, muchos de ellos jóvenes y mujeres, que son víctimas de delitos brutales y de quienes nadie se preocupa".

Por ello, junto a la ONG Víctimas de la Delincuencia, prepara una campaña nacional para sensibilizar al Gobierno y a la ciudadanía sobre este grave problema pendiente en nuestro país.

A su vez, Gonzalo Fuenzalida sostuvo que "pese a los reiterados anuncios de iniciativas para responder a las víctimas, hasta hoy sólo se han conocido proyectos deficientes, que no atienden en su totalidad el problema". Se necesita, dijo, una institucionalidad que responda "a los grandes dañados por todo esto, que son las víctimas, que día a día llegan a este centro pidiendo ayuda porque no la encuentran en el Estado".

Tanto el senador Espina como Gonzalo Fuenzalida advirtieron que, así como en 2007 y 2008, nuevamente el presupuesto fiscal correspondiente a 2009 no incluye los recursos comprometidos por $4 mil millones para fortalecer la labor de las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, URAVIT.

En la oportunidad, el parlamentario RN conoció la sede de la ONG en la comuna de Recoleta, recorrió el nuevo mapa de la delincuencia creado por la institución, que permite a la ciudadanía denunciar los lugares donde se registran delitos, y confirmó un convenio entre la Oficina de Fiscalización del Delito (Fced), que encabeza, y Víctimas de la Delincuencia.

"No podemos tener un discurso de lamentar los delitos y al día siguiente pegarle un portazo a esas víctimas, dejándolas abandonadas, sin ningún tipo de protección ni jurídica ni legal, ni tampoco asistencia psicológica, siquiátrica, médica. Y ciertamente la única respuesta que hoy encuentran está en instituciones privadas como éstas", afirmaron Espina y Fuenzalida.