VALPARAÍSO.- La Comisión de Constitución de la Cámara Alta inició el estudio de un proyecto de Ley que busca aumentar las sanciones que establece el Código Penal, para los casos de corrupción que involucre a funcionarios públicos tanto nacionales como extranjeros.
La senadora Soledad Alvear afirmó que el propósito es adecuar la normativa chilena a las disposiciones internacionales, como lo establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). "Vamos a desplegar todos los esfuerzos para poder aprobar la legislación, teniendo en cuenta cuál es la especificidad de nuestro Código Penal", dijo la parlamentaria.
La propuesta es "aumentar las penas de los delitos que están en el Código Penal y establecer una norma de jurisdicción que permita perseguir el delito aún cuando su principio de ejecución no se haya dado en Chile, sino que se haya dado en el extranjero", siguiendo así las recomendaciones realizadas por la OCDE al respecto.
Entre las disposiciones que contempla la iniciativa, el empleado público que defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o beneficencia, será sancionado con penas que fluctuarán entre 3 años y 1 día a 10 años de cárcel si es que el fraude supera las 40 UTM, es decir un millón 480 mil pesos.
Si el fraude excede las 4 UTM, será sancionado con penas de 3 años y 1 día a 5 años de cárcel, y si no excede las 4 UTM, la sanción fluctuará entre los 541 días a 3 años. En el caso de que exceda las 400 UTM, la pena podría fluctuar entre los 5 años y 1 día a 10 años.
En tanto, el funcionario público que se interese en cualquier clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, será castigado con penas entre 541 días a 5 años de cárcel, inhabilitación para cargos públicos y multa del 10 al 50 por ciento del valor del interés que hubiera tomado en el negocio.
Por otra parte, el funcionario público que haciendo uso de un secreto o información concreta reservada obtenga un beneficio económico o de otra naturaleza, será castigado con las mismas sanciones.
En tanto el que acepte dinero para omitir un acto que debe realizar, podrá ser sancionado con penas de cárcel entre 61 días a 5 años, inhabilitación especial y multa.
