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Santiago: Martes 23 de abril del 2024 | Actualizado 15:34
SANTIAGO.- Tras una larga reunión de emergencia realizada en La Moneda, el Gobierno anunció que suspendió el pago de beneficios a los familiares de dos personas que habían sido calificadas como detenidos desaparecidos y que, según una investigación realizada en el último mes, no son tal.
En una extensa conferencia de prensa, donde se dieron a conocer las identidades de los falsos detenidos desaparecidos, el Ejecutivo informó además que el próximo lunes pondrá todos los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado y de los tribunales de justicia, para que realicen las investigaciones correspondientes.
De acuerdo a lo comunicado por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, la orden de suspender el pago de "las eventuales pensiones" a los familiares de Carlos Patricio Rojas Campos y de Edgardo Iván Palacios se dio ayer viernes al Instituto de Normalización Previsional (INP).
En compañía del ministro vocero de Gobierno, Francisco Vidal, y de la asesora presidencial en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, el subsecretario explicó las circunstancias que llevaron a calificar a estas personas como desaparecidas por el régimen militar y descartó que se le hayan entregado beneficios a los familiares de una tercera, fallecida en 1955, como aseguró este sábado un matutino.
Hallado en Argentina
La investigación realizada por el Ejecutivo luego de la aparición a mediados de noviembre en Mendoza de Germán Cofré Martínez -quien estaba en la nómina de detenidos desaparecidos tras el golpe de 1973- concluyó que el caso más grave es el de Carlos Patricio Rojas Campos, quien hace tres años fue ubicado en Argentina, lo que no impidió que su familia obtuviera un bono compensatorio en abril pasado.
Rosende detalló que este ex militante de las Juventudes Comunistas de Copiapó ingresó clandestinamente al vecino país a mediados de los '70 y las últimas noticias que su familia tuvo de él fueron en junio de 1978. Su desaparición fue denunciada por su esposa Norma Rodríguez Oviedo y su hermana Mabel Rojas Campos.
"La Comisión Rettig tuvo especialmente en consideración el contexto político de la época en que ocurrieron los hechos, la militancia política de Carlos Patricio Rojas Campos, los antecedentes sobre la persecución que hubo respecto de él en los distintos lugares donde estuvo y el hecho que organismos de Derechos Humanos de Argentina lo incluyeran en las nómina de víctimas de ese país", justificó el subsecretario.
Y fue precisamente por esta última razón que su familia pudo dar con su paradero, ya que el año 2005 solicitó en Argentina el pago de beneficios reparatorios y se detectó que una persona llamada Carlos Rojas tenía registros de movimientos al interior de ese país, entre los años '79 y '85.
"Investigaciones posteriores nos llevaron a la convicción de que Carlos Patricio Rojas Campos se encontraba en esa época vivo y residiendo en la ciudad de Buenos Aires, donde había formado una nueva familia", afirmó Rosende.
Esto obligó a suspender de inmediato el pago de beneficios a sus parientes en Chile, según Rosende. Sin embargo, eso se mantuvo hasta abril de 2008, cuando a sus familiares se les otorgó un bono de reparación, razón por la cual, afirmó, hoy se abrió un sumario en el interior del INP.
Indigente muerto en 2006
En tanto, Edgardo Iván Palacios fue considerado como desaparecido por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en febrero de 1994, pese a que anteriormente esta misma entidad y la Comisión Rettig no acogieron la calificación por carecer de antecedentes suficientes para formarse convicción.
Pero su paradero quedó esclarecido en noviembre de 2006, luego que el Servicio Médico Legal recibiera el cadáver de una persona en situación de calle, que había sido asesinada. Tras ser informados de la situación, fue su propia familia la que comunicó el hallazgo a las autoridades.
Según Rosende, "las indagaciones posteriores han dado cuenta que su grupo familiar desconocía las condiciones de vida de Edgardo Iván Palacios desde la época de su desaparición hasta la fecha en que apareció asesinado como indigente en la vía pública".
Un tercer caso de pagos de beneficios cuestionables fue descartado de plano tanto por el subsecretario como por el ministro Francisco Vidal.
Ambos precisaron que si bien el ex esposo de Emperatriz del Tránsito Villagra denunció su desaparición en la década del '70 y la Comisión Rettig la declaró como víctima de violación a los derechos humanos, nunca se otorgaron recursos a su familia, pues no se determinaron las causas exactas de su desaparición y, entre 2006 y 2007, al reconstruir la base de datos genéticos de detenidos desaparecidos, una hermana suya informó que había fallecido en 1955 a raíz de un parto.
A su turno, el ministro vocero de Gobierno, Francisco Vidal, aseguró categóricamente que, según los antecedentes disponibles hasta ahora, no existen más casos de falsos detenidos desaparecidos.
No obstante, admitió que "si la información cambia, puede haber más".
El secretario de Estado aseveró que el Gobierno estuvo al tanto de esta situación antes de que saliera en la prensa, ya que ha manejado el tema desde que en noviembre pasado se conoció el caso de Germán Cofré Martínez, aparecido en Argentina.
Sin embargo, al saber que hoy sería publicada esta información, fue él mismo quien a eso de las 22.30 horas de anoche llamó a la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos para citarla a una reunión de emergencia en La Moneda, que se efectuó esta mañana. El ministro volverá a reunirse con la agrupación el próximo lunes.
