Contralor realiza observaciones a proyecto de fideicomiso ciego

SANTIAGO.- Principalmente observaciones técnicas realizó el Contralor de la República, Ramiro Mendoza, al proyecto que regula la obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato especial de administración ciega de patrimonio y de enajenar activos.

A su parecer, en esta norma sería recomendable que "se pudieran incorporar las declaraciones de patrimonio como una medición efectiva de transparencia", especialmente si éstas se hacen públicas.

Además, señaló que sería conveniente que la iniciativa también contemple "la obligación legal de que antes de participar en un proceso electoral, quienes han ocupado cargos públicos presenten la declaración de patrimonio de salida, porque hoy lo único que tenemos es una declaración al momento de comenzar a ejercer el cargo", sin obligación legal de presentar este documento cuando se cesa en las funciones.

El fin del proyecto presentado por el Ejecutivo es evitar los conflictos de intereses que puedan tener los Presidentes de la República, sus ministros, los diputados, senadores y consejeros del Banco Central. Para ello, establece la obligación de constituir un mandato especial de administración ciega, con el objeto de transferir a un tercero independiente la gestión de su patrimonio mientras desempeñe su cargo.

Sin embargo, el proyecto establece que hay situaciones en las que esto no es suficiente para evitar el conflicto de intereses, como en el caso en que se poseen activos que por su naturaleza o giro, es difícil asegurar el carácter ciego de su administración. En este caso, lo que el proyecto propone es la enajenación obligatoria.

En esta categoría se encuentran las empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado cuyas transacciones anuales superen las 250.000 UF; las empresas que prestan servicios sujetos a tarifas reguladas y aquellas sujetas a autorizaciones, licencias, permisos o concesiones otorgadas por el Estado.

Es justamente en este punto que existe debate entre los diputados de la Comisión. Así lo explicó el Presidente de esta instancia, el diputado UDI Edmundo Eluchans, al señalar que si bien hay un consenso en que efectivamente "es inconveniente que algunas autoridades puedan tener cargos con facultades para tomar decisiones de trascendencia para el país y simultáneamente sean propietarios de cierto tipo de bienes", no le parece que el camino sea "obligar a enajenar".

Para el integrante de esta comisión, el diputado PPD Jaime Quintana, "no es posible que una persona pueda ser Presidente o candidato a Presidente de la República, o estar en un cargo importante del Estado y siga conservando su patrimonio aunque no lo esté administrando, es imposible que no tenga conocimiento de las variaciones que se van produciendo".

En su visita a la comisión, el contralor destacó el ambiente de acuerdo entre los parlamentarios para legislar sobre esta materia, "porque si cada uno hiciera procesos inhibitorios sobre situaciones electorales en una sociedad donde hoy las elecciones son cada dos años no podríamos avanzar en nada (¿) me parece sano que no colapsen ni eclipsen fenómenos de transparencia sobre la base de elecciones futuras".