MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya recibió formalmente el pedido de extradición del ex agente de ese país Iván Velázquez, encarcelado en Montevideo y que "hackeó" correos electrónicos de funcionarios y políticos de Uruguay, Argentina y Chile.
El pedido de extradición fue dirigido a la jueza Graciela Gatti, quien tiene a su cargo el caso, aunque es probable que otro magistrado deba resolver sobre la solicitud debido a los cambios en los turnos mensuales del Poder Judicial, informaron medios de prensa locales.
Una vez definido quien será el juez que lleve adelante el trámite, se deberán revisar los aspectos formales de la solicitud, como lo establece el tratado de extradición vigente entre Uruguay y Argentina.
Si la Justicia habilita la extradición, la entrega de Velázquez no podrá concretarse hasta que éste cumpla la condena en Uruguay, ya que fue procesado por delitos que cometió en este país.
Velázquez es acusado por “interceptación” de correos electrónicos de funcionarios y políticos de Uruguay, Argentina y Chile.
Según las pesquisas, el argentino hackeó correos de funcionarios mientras otros figuraban entre sus objetivos.
Investigaciones informáticas determinaron que Velázquez tenía en su poder la direcció de correo electrónico con la respectiva contraseña del ex presidente argentino Néstor Kirchner.
La lista involucró además al ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet y a los embajadores de Chile en Colombia, Gustavo Ayares; en Cuba, Gabriel Gaspara Tapia; en Croacia, Francisco Devia y al representante de Santiago en la OEA, Carlos Portales.
El ex agente de la Secretaría de Información del Estado (SIDE) de Argentina llegó a Uruguay en 2008 y pidió asilo político ante la secretaría de Derechos Humanos con el argumento de que era perseguido por el gobierno de Argentina, donde hurtó correos e información reservada de políticos, funcionarios y artistas de su país.
Procesado inicialmente en diciembre y sin prisión por los delitos de “cohecho simple” y “utilización indebida de información privilegiada", la jueza Gatti revocó en febrero la anterior sentencia y lo envió a la cárcel por el delito de “conocimiento fraudulento de documentos secretos” al comprobar que el ex agente había copiado un registro de armas de la policía uruguaya.
El mes pasado la Cancillería uruguaya notificó la negativa definitiva al pedido de asilo político de Velázquez.