SANTIAGO.- El pleno de la Corte Suprema decidió mantener las medidas aplicadas en contra de Johana Ferrer Morales, funcionaria administrativa del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y Tomás Silva Maulén, jefe de unidad de causas del mismo tribunal, quienes habían sido sancionados por la Corte de Apelaciones de Santiago con cuatro meses de suspensión y apertura de cuaderno de remoción.
Ambos se encuentran involucrados en la investigación que instruye la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por la emisión de resoluciones falsas desde diversos tribunales de Garantía que otorgaban beneficios a delincuentes.
En la investigación disciplinaria del ministro Mario Carroza, a Ferrer se le acusó de manipular las claves del sistema informático de apoyo a la gestión judicial (SIAGJ) y a Silva de aplicar un control inadecuado de las claves de dicho sistema.
Los funcionarios actualmente se encuentran suspendidos de sus funciones y los cuadernos de remoción de ambos permanecen abiertos.
Se tomó conocimiento de la medida de remoción del administrador del Juzgado de Familia de San Bernardo, Jorge Ernesto Herrera Pena. El funcionario había sido sancionado con la destitución por el Comité de Jueces del tribunal, y recurrida la resolución, la Corte de Apelaciones de San Miguel había dispuesto un mes de suspensión. La Corte Suprema dispuso mantener la medida original aplicada por el Comité de Jueces.