SANTIAGO.- En respuesta a un insistente diputado UDI Patricio Melero, el ministro de Transporte, René Cortázar, aclaró en la interpelación a la que fue sometido esta tarde, que será el Estado quien deberá hacerse cargo de la deuda de US$288 millones, tras el préstamo que realizó al Transantiago el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al ser consultado por Melero respecto a quién deberá responder por la deuda pendiente, Cortázar dijo que las dudas sobre si el crédito otorgado por el BID era de carácter público o privado se originaron a raíz de una diferencia de criterio entre la Contraloría General de la República -que visó el la petición del préstamo- y el Tribunal Constitucional, que a través de un fallo determinó que se trató de una operación inconstitucional.
En dicho fallo se argumenta que la Cuenta Especial de Reembolso del Transantiago, administrado por el AFT, no es un deudor privado, sino que era el Estado, que como tal el crédito requería una ley para endeudarse.
Por ello, el titular de Transportes resaltó que son el Congreso y el Ejecutivo los llamados a resolver el problema, a través de un proyecto de ley, ya que en este caso "se trataba de acuerdo a la opinión que tenía el gobierno, de acuerdo a la opinión del BID, y de acuerdo al criterio de la Contraloría General de la República, que es el órgano encargado del control previo de legalidad, de una cuenta de naturaleza privada".
En ese sentido, resaltó que "si en una democracia de instituciones, como consecuencia de dos criterios distintos se produce lo que observamos, que un crédito que se contrató como si fuera un crédito a un ente privado y luego hay un fallo del TC que asigna responsabilidad directa al Estado, lo que corresponde es que el Estado resuelva la situación institucionalmente, a través de una ley que siga que le Estado va a asumir el pago de ese crédito. Es natural, es lo que hacen los países serios".
Ante la respuesta del ministro, el diputado Melero aseguró que se trató de un "subterfugio legal" utilizado por Cortázar, acusando al ministro de montar una "entelequia jurídica y comunicacional" para hacer parecer como privada una transacción en la que se comprometió el patrimonio de todos los chilenos, ante lo que volvió a consultar "quién paga el crédito".
Insistiendo en que ya había dado a conocer la respuesta, Córtazar recalcó que "el proyecto de ley contempla que el Estado asuma el crédito, que es exactamente coherente con el fallo del Tribunal Constitucional", puntualizó el ministro de Transporte, casi al final de la interpelación, que se extendió por dos horas.
Asimismo, el ministro fue categórico al sostener que no se trató de "un crédito al Administrador Financiero del Transantiago, sino al sistema de transporte".
La ofensiva de Melero
Inconforme con las respuestas que entregó el ministro Cortázar, el diputado Melero sostuvo que el ministro actuó fuera del marco legal, insistiendo en que el Parlamento debió aprobar la adquisición de la deuda.
El parlamentario de la UDI indicó, dirigiéndose a Cortázar, que "usted ha perseverado en la ilegalidad y en la ineficiencia de un sistema que no da para más (...) ha vulnerado gravemente la constitución y la ley".
Por su parte, el ministro de Transportes señaló que "hemos actuado estrictamente bajo los procedimientos fijados por la ley y así lo estableció el único órgano que tiene control previo a la legalidad, que es la Contraloría".