Comisión responsabiliza a ministro de Justicia por incendio en centro del Sename

SANTIAGO.- El informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la muerte de diez jóvenes al interior de un recinto del Sename en la ciudad de Puerto Montt en 2007, concluyó que hubo responsabilidad del ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y de la ex directora del Servicio Nacional de Menores, Sename, Paulina Fernández, en asegurar que estaban dadas las condiciones para aplicar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

El documento, aprobado el jueves en la Sala por 62 votos a favor y una abstención, recuerda que el 15 de mayo de 2007 la Cámara discutió una indicación para postergar la aplicación de la Ley de Responsabilidad Juvenil. “Sin embargo, el ministro de Justicia señaló ser partidario de que entrara en vigencia” en esa fecha, añade el texto.

“El ministro ofreció condiciones, que sin ser las óptimas, eran superiores a las del momento. Por tanto, la comisión concluyó que el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Justicia, el cual sirvió de base para la consideración del Congreso Nacional, fue errado”

“Asimismo, las condiciones mínimas objetivas que el Ministro señaló no se cumplieron, existiendo por tanto responsabilidad del Ministro de Justicia, señor Carlos Maldonado Curti, y de la Directora Nacional del Sename de la época, señora Paulina Fernández”, anota el informe del grupo parlamentario, que presidió la diputada Marisol Turres.

Centro sin plan de emergencia

Respecto de los hechos que culminaron en un incendio en el centro de Puerto Montt, la comisión enfatizó que “no se había dado cumplimiento” a la obligación reglamentaria de que cada centro contara con un Plan de Emergencia, y que en esa materia caben responsabilidades a la directora del Sename en esa época, Paulina Fernández.

También le adjudica responsabilidades al director regional del Sename, Carlos Navarro Pérez; a la directora del Centro Tiempo de Crecer, Lorena Navarro Vargas; y a la secretaria regional ministerial de Justicia, Lebby Barría Gutiérrez, “quien tenía la obligación de haber supervisado la puesta en marcha en el ámbito de su jurisdicción”.

“Lo anterior queda demostrado con que sólo después de los hechos de Puerto Montt se despachó memorándum N° 5293, de fecha 6 de diciembre de 2007, en el cual el director nacional del Sename solicitó a los directores regionales, el envío de los planes de contingencia de cada establecimiento, estableciendo ciertas directrices y ordenando acciones específicas a realizar”, añade el documento.

Estado actual de los centros

El informe anota que, transcurridos más de 14 meses desde la entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil, “siguen ocurriendo graves hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida tanto de los menores privados de libertad como de los funcionarios de Sename y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”.