Pese a evidencias, detective asegura que acusación por prostitución infantil es falsa

SANTIAGO.- Un día después de que se destapara el escándalo de la Policía de Investigaciones (PDI), el cual relaciona a un grupo de funcionarios con una red de prostitución infantil, las reacciones entre las Instituciones y algunos de los detectives involucrados, ya comenzaron a surgir.

Esta mañana Emol se contactó con uno de los inculpados, Alejandro Puga, quien ejerce sus funciones en la Brigada de Robos de la PDI de Coihaique.

Luego de que a primera hora de esta mañana, la Institución anunciara un nuevo sumario administrativo para establecer la veracidad de la denuncia hecha por “Contacto”, el detective Puga se encontraba en su lugar de trabajo.

El funcionario de la PDI, contestó la llamada y en un comienzo sólo se limitó a responder que cualquier declaración se debe gestionar por medio del Departamento de Relaciones Públicas de la Institución.

Sin embargo, segundos después y evidentemente complicado por la denuncia que lo afecta, el efectivo policial negó su participación en los hechos.

Ante la pregunta sobre el momento que está enfrentando, declaró que “obviamente, obviamente son hechos falsos, pero todo se debe canalizar por relaciones públicas”.

Tampoco quiso referirse a la acusación del ex subcomisario, Héctor Guzmán –quien reveló el caso- y que asegura que su despido se debe a que uno de los detectives involucrados (Alejandro Puga) es hijo del ex Jefe de Inteligencia de la PDI, Héctor Puga.

“Cualquier cosa, por Relaciones Públicas”, reiteró el detective.

Esta mañana, el abogado de dos de las víctimas, José Luis Pérez Calaf, anunció que el fiscal a cargo del caso, Pablo Avendaño, va a solicitar la formalización de los funcionaros en servicio activo de la PDI, por delito de facilitación de la prostitución.

“Es el delito más grave que tiene, sacar provecho de menores de edad, para una red de prostitución”, dijo el abogado.

En tanto, los otros detectives involucrados son Claudio Cortés Benítez, Jorge Gallardo Raposo, Edgardo Uribe Toro y Sergio Jarpa Astudillo, quienes habrían sido clientes del Hotel Lousiana y el Cabaret Pandemónium, donde menores de edad prestaban servicios sexuales.