Fiscal de la Corte Suprema integrará Consejo Para la Reforma Penitenciaria

SANTIAGO.- La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, aceptó la invitación para integrar el Consejo Para la Reforma Penitenciaria, formado por entidades públicas y privadas que fueron convocadas a sentar las bases de un mejoramiento del sistema carcelario.

La instancia estará integrada, además de Gendarmería, por el titular de Justicia, Carlos Maldonado, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la U. de Chile, la Fundación Paz Ciudadana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

El lapidario diagnóstico de la fiscal Maldonado sobre la situación carcelaria en Chile, que describió como "inhumana, degradante y cruel" y que fue dado a conocer los primeros días de junio, generó la inmediata reacción del subsecretario de Justicia, Jorge Frei, quien en ese momento anunció la creación del consejo.

Según el ministro Carlos Maldonado, la instancia surge porque si bien el sistema penitenciario ha tenido "una expansión sustantiva" en inversión e infraestructura, y una modernización parcial que plantea el modelo de cárceles concesionada -bajo el cual sólo está el 20% de la población carcelaria- existía "una necesidad de dar una mirada más innovadora e integral al sistema penitenciario, especialmente pensando en el desafío que plantea esta cuantiosa población penal en términos de las oportunidades de reinserción".

A partir de sus visitas a penales y de los informes que le han entregado fiscales de las distintas cortes de apelaciones del país, la fiscal Mónica Maldonado constató problemas de hacinamiento "generalizado" y una "falta de una política penitenciaria y acciones concretas que permitan la reinserción social de los internos".

Además afirmó que "Gendarmería ha trastocado el sentido de la norma que asegura 8 horas de descanso para los internos, estableciendo 8 a 9 horas diarias de desencierro para la población penal, lapso que hace imposible desarrollar las actividades de rehabilitación que exige la ley".

Otro aspecto cuestionado son las condiciones sanitarias y de higiene de algunos penales, como la ex Penitenciaría, donde según la fiscal algunos internos deben dormir en la calle, y las condiciones de las celdas de castigo y aislamiento, donde según precisó en algunos casos los internos están hasta por diez días, "sin catre, sin colchón, ni frazadas, las que se les entregan en la noche; habitualmente no cuentan con luz natural ni eléctrica, muchas veces sin servicios higiénicos, provistos de tiestos plásticos para este fin".

A esto se suma la escasez de agua en algunos penales, como los de Valparaíso y Arica.