Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 21:29
SANTIAGO.- Debido a que la Cámara de Diputados rechazó casi todos los cambios introducidos por el Senado al proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, se decidió la creación de una comisión mixta tendiente a resolver las discrepancias y así evitar el estancamiento de la iniciativa.
El texto legal del Ejecutivo que se discute hoy en el Congreso modifica la Carta Fundamental para mejorar la calidad de la política y reformar el Estado en materia de transparencia y probidad.
En el análisis de las enmiendas realizadas por el Senado, sólo fueron aprobados por 101 votos, los incisos referentes a las declaraciones de patrimonio y fideicomiso ciego de las autoridades.
La Cámara rechazó, por 49 votos contra 47, la disposición del Senado que prohibía a los funcionarios públicos, incluidos los de exclusiva confianza del Presidente de la República y los municipales, participar en actividades de proselitismo político partidista o en la promoción de candidaturas a cargos de elección popular durante su jornada de trabajo.
También rechazó la eliminación que el Senado había hecho de una norma que incorporaba en la Constitución la existencia de una ley sobre "financiamiento, transparencia, límite y control del gastos electoral”. En contra de la decisión del Senado hubo 100 votos, ninguno a favor y una abstención.
Asimismo, fueron rechazados por 13 votos a favor, 78 en contra y 7 abstenciones, los artículos que el Senado había suprimido y que obligaban a que las nóminas de los partidos políticos fueran públicas.
Sin embargo, en el debate se apoyó la idea del Senado de que los candidatos derrotados en elecciones primarias no puedan ser postulados por las colectividades.
Otra enmienda rechazada, por 51 votos contra 47, fue la que disminuía las incompatibilidades de los ministros de Estado.
También corrieron igual suerte la eliminación que el Senado había hecho de prohibir el uso de las urgencias por parte del Ejecutivo 30 días antes de una elección presidencial y la presentación de reformas constitucionales en los 90 días anteriores a una elección presidencial o entre la primera y segunda vuelta de una elección presidencial.
Declaración y fideicomiso fueron aprobados
que a la letra señalan:
“El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores y Diputados, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública”.
“Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.”.
