Corte de Apelaciones rechazó recurso de nulidad presentado por defensa de Franka Grez

SANTIAGO.- La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de la ex funcionaria de la Seremi de Educación, Franka Grez, que buscaba dejar sin efecto la sentencia de 11 años de presidio mayor en su grado medio y accesorias correspondientes, como autora de 19 delitos reiterados de malversación de caudales públicos.

La sala, presidida por Dobra Lusic Nadal e integrada por María Rosa Kittsteiner Gentile y la abogado Paola Herrera Fuenzalida, falló en contra de la acción legar presentada por el abogado Reiniero García de la Pastora, que argumentaba que en el pronunciamiento de la sentencia se habría efectuado "una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, errando al confundir los presupuestos que constituyen la calidad de empleado público a cargo de caudales públicos, lo que a su juicio era improcedente, haciendo los sentenciadores aplicación errónea de la norma, imponiendo al imputado en definitiva una sanción mayor a la que le habría correspondido por los delito de que es autora".

Por ende, la Corte confirmó la sentencia de primera instancia, luego que la Fiscalía Centro Norte lograra acreditar que Franka Grez era responsable de la desviación de 290 millones de pesos fiscales que estaban a su cargo.

La anterior es la condena más alta que se ha dictado en la Reforma Procesal Penal sobre delitos económicos y funcionarios, luego que  los jueces Cristián Soto, Cecilia Catalán y Mauricio Olave dieran a conocer el fallo que, además, condenó a siete años de presidio efectivo al ex inspector del Liceo Polivalente de Quinta Normal Horacio Escobedo. Su mujer, Gladys Audala, deberá cumplir seis años de encierro.

Ambos fueron les receptores de los 19 cheques por $290 millones que Grez giró en su calidad de funcionaria de Tesorería y Contabilidad de la Seremi, dinero que en realidad correspondía a subvenciones escolares. Los tres deberán devolver la misma cifra al fisco, según la demanda civil que fue acogida.

Para los jueces quedó acreditado en el juicio oral que Franka Grez era una funcionaria con título profesional, plenamente capacitada para el cargo, que siguió rigurosamente los trámites para acceder a tener poder de firma de la cuenta de subvenciones.