SANTIAGO.- Cuando al fin se avizora una salida en el conflicto que mantienen desde hace dos semanas los funcionarios de Gendarmería, una nueva traba viene a poner en suspenso una posible solución: El Gobierno aún no envía a los dirigentes el documento donde se plasme el preacuerdo que alcanzaron ayer en el Congreso.
Así lo indicó el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández, quien remarcó que el preacuerdo hasta el momento es sólo "verbal". "Se esperaba que a primera hora de hoy el Gobierno pasara esa proposición a papel y que nosotros consultáramos a las bases durante el día y teníamos la confianza de que se iban a pronunciar a favor", señaló.
Sin embargó, sostuvo que "hasta este minuto no ha habido ningún documento que acredite el acuerdo al que llegamos ayer de palabra ante los parlamentarios. No entendemos qué ha pasado. Se suponía que llegaría a primera hora ya que ayer no se pudo redactar porque se hizo muy tarde".
El dirigente dijo no entender qué ha sucedido puesto que "están de ministro de fe los parlamentarios" y que no tomarán la iniciativa de contactarse con las autoridades. "Nosotros tenemos todo el tiempo para esperar y si no llega la propuesta seguimos en paro", sentenció.
Documento sería aprobado por las bases
Pedro Hernández dijo confiar en que, de ser enviado, el preacuerdo que se alcanzó ayer sería aprobado por las bases. "Sí, yo tengo confianza en que ello va a ser así. Es (un acuerdo) bastante sustantivo, nos da conformidad y creemos que el conflicto podría llegar aquí a su fin", afirmó.
Detalló que el arreglo regula el grado 26 –el más bajo en la escala de sueldos–, de una forma "más eficiente" e incluye mejoras a la carrera funcionaria, en especial el tema de los ascensos. "Estamos conformes, pero tenemos que refrendarlo con nuestras bases", subrayó el dirigente.
Sin embargo, recalcó que "hay un tema que es importantísimo para nosotros, el reintegro de las personas que participaron en la movilización y que fueron exoneradas", en alusión a los funcionarios destituidos por Gendarmería debido al abandono de funciones críticas.
En este punto, el Gobierno señaló que evaluará caso a caso, mientras que la postura de los gendarmes es que "se debe ingresar a todas las personas al servicio y si ha habido una falta mayor que no tiene relación con la movilización que se investigue a través de sumarios administrativos".
Ayer, en una sesión que se extendió por cerca de seis horas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia –donde se discute el proyecto de modernización de Gendarmería–, los parlamentarios mediaron para que los funcionarios y las autoridades acercaran sus posiciones.