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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 22:21
SANTIAGO.- El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, expresó su preocupación frente a la posibilidad de que el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, modifique la norma que hoy le impide investigar denuncias contra secretarios de Estado, ya que no son considerados como funcionarios públicos y sólo responden, desde el punto de vista político, al Presidente de la República.
Según trascendió, el jefe máximo de la Contraloría está redactando un nuevo dictamen que establecería que los ministros sí son funcionarios públicos y, por lo tanto, pueden ser indagados por el ente fiscalizador.
"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente", comentó al respecto el titular de la Segpres.
Junto con afirmar que el Gobierno espera "con mucho interés el dictamen del contralor" frente a las denuncias de intervención electoral que pesan sobre ocho miembros del gabinete -entre ellos, él mismo- Viera-Gallo indicó que "habría que ver" si hay ciertas responsabilidades administrativas.
"Puede haber aspectos de las funciones de un ministro que puedan ser controladas por la Contraloría, yo no digo que no, pero en lo que se refiere a sus dichos políticos y a sus actuaciones políticas, para eso existe el juicio político cuando hay infracción de ley, no por cualquier cosa", advirtió.
En ese sentido, aseveró también que si la ley prohíbe ciertas cosas los ministros deben acatarla, pero "todo lo que corresponde a la dimensión política de la función de un ministro de Estado no puede quedar entregada a criterio del órgano contralor. Para eso están la ciudadanía, los medios de comunicación, el Presidente de la República y el Parlamento".
Otra secretaria de Estado que fue denunciada por la oposición ante la Contraloría es la vocera de Gobierno, Carolina Tohá, quien hoy se declaró tranquila.
"Tenemos mucha tranquilidad y seguridad en la forma que hemos actuado, en los criterios jurídicos que hemos hecho valer y confiamos en el criterio de la Contraloría y las resoluciones que va a tomar al respecto", manifestó.
Al ser consultada si éste es el momento para regular el comportamiento de los ministros en una campaña, la portavoz de La Moneda sostuvo que "cualquier discusión sobre ese tema, no es el momento propicio para que se dé".
"Hoy día hay reglas claras, la Contraloría tiene un instructivo, el Gobierno también ha sido nítido en señalar las normas que se deben cumplir y en este momento lo que hay que hacer es cumplir esas normas. Si alguien las quiere poner en discusión, éste no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un periodo de campaña. En otro momento, en otra instancia, se podrán poner en debate", agregó.
"Es evidente que los ministros de Estado somos o cumplimos una función eminentemente política".
"Entonces, cuando se hacen afirmaciones o se analizan actuaciones son políticas y tienen que ser juzgadas como tal, por el Presidente de la República que a uno lo nombra, principalmente, y paralelamente por la ciudadanía. Y cuando ha habido un atropello a la ley grave o infracción a la Constitución, está el juicio político".
"Por tanto, lo único que se dice en ese oficio es que en un periodo eleccionario los ministros tienen que hacer el desempeño de sus cargos con buen criterio, con tino, como corresponde".
-Teme que proliferen muchos juicios políticos?
"Hay una jurisprudencia reiterada de la Contraloría" en la el Gobierno se basa, y además "en una interpretación armónica de las normas de la Constitución".
"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente".
"Ahora, que hay ciertas responsabilidades administrativas, habría que verlo, yo no soy un profesor de Derecho Administrativo, por eso esperamos con mucho interés el dictamen del contralor. Puede haber aspectos de las funciones de un ministro que puedan ser controladas por la Contraloría, yo no digo que no, pero en lo que se refiere a sus dichos políticos y a sus actuaciones políticas, para eso existe el juicio político cuando hay infracción de ley, no por cualquier cosa".
-La Contraloría no tendría atribuciones para modificar la norma?
"Hay que esperar su dictamen. Creo que el contralor está pensando bien cómo hacer las cosas. Evidentemente que estamos todos interesados en resguardar y armonizar al tiempo dos criterios: el primer criterio es que el Gobierno es garante deuna eleccion limpia (...) y ens egundo lugar, el Gobierno tiene que cumplir las instrucciones de la Contraloría, que además hemos hecho nuestras, respectoa ciertos comportamientos que son evidentes".
Ministros acatan lo q dice la ley. Si no, se expone, entre otras cosas, a un juicio político.
Tohá:
"Tenemos mucha tranquilidad y seguridad en la forma que hemos actuado, en los criterios jurídicos que hemos hecho valer y confiamos en el criterio de la Contraloría y las resoluciones que va a tomar al respecto".
-No es momento de regular q los ministros tengan q vivir esta situación incómoda?
"Cualquier discusión sobre ese tema, no es el momento propicio para que se dé. Hoy día hay reglas claras, la Contraloría tiene un instructivo, el Gobierno también ha sido nítido en señalar las normas que se deben cumplir y en este momento lo que hay que hacer es cumplir esas normas. Si alguien las quiere poner en discusión, este no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un periodo de campaña. En otro momento, en otra instancia se podrán poner en debate".
