Federación Aérea acusa al Gobierno de "atentar" contra salud de los capitalinos

SANTIAGO.- El presidente de la Federación Aérea de Chile, Julio Subercaseaux, dijo que el fallo de la Corte de Apelaciones que anula el cambio de uso de suelo del aeródromo de Los Cerrillos, paralizando las obras del proyecto inmobiliario Parque Bicentenario, dejó en evidencia la "negligencia del Gobierno al arriesgar la salud de la población".

"Eso es muy grave. La autoridad política atentó contra el derecho de la población a vivir en un ambiente de libre contaminación", afirmó el dirigente.

Subercaseaux, quien lideró la oposición al cierre del histórico aeódromo, añadió que los ministerios de Vivienda y Defensa hicieron el cambio de uso de suelo "de espaldas a la ley de Bases del Medio Ambiente y de la comunidad".

Ello, porque el estudio ambiental que no se hizo, y que ahora exige la Corte de Apelaciones, considera la participación ciudadana, de los servicios públicos y la votación de la Corema Metropolitana.

En tanto, el abogado litigante de la Federación Aérea, Miguel Depolo sostuvo que el fallo paraliza la venta de terrenos para proyectos inmobiliarios, porque el uso de suelo sigue siendo aeronáutico.

"Durante la incertidumbre del juicio nadie compró, menos lo harán ahora con un fallo tan concluyente", indicó Miguel Depolo, al tiempo que señaló que los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental "sólo pueden ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en la presente ley".

De esta manera, las 245 hectáreas del ex aeródromo Los Cerrillos siguen siendo infraestructura aeronáutica de acuerdo al plano regulador vigente. En este momento, el proyecto no tiene evaluación ambiental, defecto que debe ser subsanado en estricto apego a la legislación ambiental.

En consecuencia, tanto las obras de urbanización que el Minvu lleva adelante, como la transferencia a terceros de los terrenos en que se emplaza el proyecto, se encuentran paralizadas.

Por su parte, el vicepresidente de la federación, Tito Muñoz, acusó al Gobierno de incumplir la ley con fines políticos, porque no tenía ningún sustento técnico para no realizar el estudio ambiental.