SANTIAGO.- La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el delito de estafa en perjuicio del Banco Central de Chile cometido, en operaciones del denominado Capítulo XIX del instituto emisor, en 1990.
En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Haroldo Brito, rechazaron el recurso de casación interpuesto por el instituto emisor en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago que había absuelto a Hugo Bujalil Campusano, único procesado que quedaba en la causa.
El fallo de la Suprema rechazó las presentaciones del Banco Central para estimar que existió estafa en perjuicio del patrimonio del instituto emisor por las operaciones realizadas por Bujalil y Guillermo Guzmán Jiménez (otro procesado y que falleció en el transcurso del proceso) con las operaciones de compra de bonos de deuda externa a través de la colocadora de valores Banestado S.A. y la empresa Baluk Maritime S.A.
"En mérito de lo discurrido, es dable tener en cuenta que (...) de acuerdo con los antecedentes del proceso y a los hechos inamovibles asentados en el fallo recurrido, las inversiones productivas convenidas por el inversionista (Hugo Bujalil Campusano) no incidían en el patrimonio del Banco Central, sino que eran de provecho particular de la empresa receptora -Baritex-", indica el fallo de los magistrados.
El dictamen de la Suprema estableció que lo realizado por el imputado no representó "un menoscabo económico en el caso que la empresa capitalista no cumpliera efectivamente con las explotaciones ofrecidas, presupuestos incompatibles con un ilícito como la estafa por engaño que, como ya quedó asentado, protege el patrimonio como bien jurídico individual o particular y no como bien jurídico colectivo o macrosocial".
La investigación se inició por una acusación de Banestado S.A y el Banco Central en la que se denunciaba diversas irregulares en operaciones con instrumentos sujetos al Capítulo XIX y que estimaban que se había causado un perjuicio de US$6.800.000 al patrimonio del Banco Central.