VALPARAÍSO.- Con el objeto de revisar detalladamente el articulado de la iniciativa, introducirle correcciones y escuchar a las organizaciones que no pudieron dar su opinión sobre la materia, los comités parlamentarios del Senado acordaron remitir nuevamente a la Comisión de Salud, el proyecto que regula la tenencia responsable de perros y mascotas.
La noticia fue entregada por el senador de RN y presidente de dicha instancia, Carlos Kuschel, tras explicar que el proyecto tiene algunos problemas en lo relativo a su financiamiento y al rol que deben cumplir los municipios y otras entidades como el Ministerio de Salud y de Agricultura.
En opinión del parlamentario, la iniciativa -que presentó en conjunto con los senadores Guido Girardi, Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide- “está cojeando de financiamiento y en su aplicación práctica. Con esto se puede dificultar el trabajo de las municipalidades".
"Algunas lo van a hacer mejor y para otras va a significar un desembolso neto", agregó.
El legislador indicó que además considera que la iniciativa está mal sincronizada en lo que respecta al rol que tienen que cumplir las municipalidades y los diversos ministerios, argumentando que “no están bien establecidas las institucionalidades y las responsabilidades".
Kuschel indicó que durante la nueva revisión del proyecto “debieran presentarse indicaciones, porque hay mesas de profesionales vinculados al tema que no pudieron asistir a entregar sus opiniones. En lo que a mí respecta, hay gente del grupo 'Albergando a Un Amigo' de Puerto Montt y que ayudó a evacuar perros de Chaitén, que dicen que hay errores".
En esa dirección, el aliancista relató que es “partidario de mejorar todo el proyecto y me parece que si hay mejores ideas respecto de la eutanasia, también se podría arreglar eso si es que fuera posible, pero la eutanasia es una solución de última instancia, no es inmediata y es una alternativa después de cuatro o cinco pasos previos".
El informe financiero del proyecto sobre tenencia responsable de mascotas señala que durante el primer año de vigencia de la ley, el fisco aportará un total de seis mil 256 millones de pesos lo que incluye recursos para la inversión inicial y a contar del segundo año, un máximo de cuatro mil 991 millones de pesos, de acuerdo al gasto efectivo que efectúen los municipios.