Párroco de Melipilla fue formalizado por abuso y explotación sexual

SANTIAGO.- En prisión preventiva quedó el sacerdote Ricardo Muñoz Quintero (55) y su pareja Pamela Ampuero Escobar (33), tras ser formalizado por los delitos de abuso y explotación sexual y facilitación para la prostitución, respectivamente, en el Tribunal de Garantía de Curacaví.

La fiscal Regional de la Zona Metropolitana Occidente, Solange Huerta, junto al fiscal Cristián Cáceres, formalizaron a la pareja luego de tres meses de investigación, en que se develó que el religioso tenía una doble vida, ya que se mantenía como sacerdote de la parroquia Santa Teresa de Melipilla y otra con la mujer en la población Padre Hurtado de Curacaví, donde tiene dos hijos de 5 y 9 años.

Durante la audiencia, el fiscal Cáceres señaló que desde agosto del 2008 la mujer le presentó a dos menores de 17 y 16 años a Muñoz, con el fin de que éste tuviera relaciones sexuales, ofreciéndoles 30 mil pesos. Mientras que el sacerdote le pagaba 20 mil.

"Él mantuvo las relaciones con ambas menores durante todo el año 2008 y parte del año 2009, teniendo incluso relaciones con ambos adolescentes al mismo tiempo, por lo que se pidió la prisión preventiva", aseguró Cáceres.

A lo anterior, agregó que el imputado también mantenía abusos sexuales con su hija, que en ese tiempo, tenía 4 años de edad y a quién no había reconocido. Según los peritajes psicológicos que presentó mantenía una relación erotizada. De ello, la menor no se daba cuenta debido a su corta edad.

También presentó las declaraciones de las dos menores que denunciaron haber tenido relaciones con el sacerdote, una de las cuales incluso asegura que producto de ese encuentro tuvo una hija que actualmente tiene 6 meses de vida.

El fiscal también detalló que la mujer le sacaba fotos a las menores para enviárselas al imputado y que en el caso de las abusos sexuales que este realizaba a su hija menor se hacían en presencia de ella, sin que ésta diera aviso de lo ocurrido a las autoridades.

Asimismo, presentó una escucha telefónica en que la mujer le señala que tiene varias fotos de menores para él, le exige dinero, y le señala que una menor a la que identificó como Katia lo iba a denunciar por involucrarse con menores de edad.

Por su parte, el defensor penal público, Nicolás Orellana, señaló que no hubo abuso en el caso de la menor de cuatro años, porque se trata de una relacion padre e hija,  y que en el caso de las adolescentes de 17 y 16 años, no hubo incitación a la prostitución porque ellas sabían lo que hacían y porque no hubo pago de por medio.

Pese a lo anterior, ambos quedan en prisión preventiva debido a que el juez del Tribunal en lo Penal, Gustavo Campaña, estimó que con las pruebas era suficientes para acreditar el ilícito y calificó a ambos imputados como un peligro para la sociedad.

La fiscalía local de Curacaví tiene noventa días para revisar la investigación, en la que, según se anunció se realizarán pruebas de ADN a las menores y al imputado, así como exámenes psiquiátricos y se buscará material respecto de una posible producción de material pornográfico.