María Luisa Sepúlveda precisó que la nueva recopilación de casos incluye la desaparición forzada y ejecución política.
El MercurioSANTIAGO.- Cuando está a punto de reabrirse la Comisión Valech y luego de las aprehensiones de los grupos de Derechos Humanos, respecto al futuro que tendrán las políticas de Gobierno en ese ámbito durante la administración de Sebastián Piñera, la delegada presidencial para los temas de DD.HH., María Luisa Sepúlveda, precisó que el curso de las iniciativas reparadoras no debería cambiar con el próximo Ejecutivo.
“Esta comisión (Valech) es por ley y no tengo ninguna duda de que va a cumplir su tarea (...). Entiendo las aprehensiones, pero también entiendo que el país ha avanzado enormemente en este ámbito y están dadas todas las condiciones para que no volvamos atrás”, afirmó Sepúlveda a Emol.
Tras el escándalo que surgió en 2008, luego de que se conociera la existencia de cuatro falsos detenidos desaparecidos que cuestionaron la rigurosidad del informe Rettig y la Comisión Valech, Sepúlveda aclaró que hoy cuentan con una serie de instrumentos que permitirán verificar la autenticidad de los casos.
“(Antes) había menos acceso a la información de los servicios públicos. Hoy estamos trabajando con el Registro Civil, entonces cualquier caso de detenido desaparecido, me imagino que se va a chequear, para ver si la persona ha tenido algún movimiento en el organismo desde la fecha en que figura como desaparecido”, explicó la delegada presidencial.
En ese sentido, planteó que durante el primer trabajo de la Comisión, también se tomaron medidas especiales para comprobar la veracidad de los casos, sin embargo, afirmó que ahora es necesario adoptar otro tipo de resguardos.
“Uno no debiera dejar jamás a una víctima que sufrió esta situación sin calificar, y por otra parte, uno debiera evitar al máximo cualquier caso que no reúna los antecedentes para calificarlo en la nómina”, dijo Sepúlveda.
Respecto a las diferencias de esta “nueva” Comisión con la anterior, precisó que la primera sólo calificó casos de prisión política y tortura, y la que se reabrirá próximamente amplió su mandato a denuncias por desaparición forzada y ejecución política.
De esta forma, anunció que durante los seis meses en los que trabajarán para acoger a los nuevos casos, están preparados para recibir a personas que lleguen con problemas que no están dentro de las competencias para calificarlos, tal como ocurre con las víctimas de allanamientos.
“La Comisión no tiene como propósito reparar ni calificar esas situaciones. El propósito es calificar la desaparición forzada, la persecución política, la prisión política y la tortura”, indicó.
Sobre la forma de operar, Sepúlveda explicó que habrá un equipo de personas compuesto por abogados, asistentes sociales y psicólogos, quienes recibirán los testimonios.
Para ello, se habilitará una línea 800, para que las víctimas soliciten una cita con los profesionales. “Además, habrá un equipo de documentalistas que va a hacer la revisión de los antecedentes que pudieran complementar el caso”, anunció Sepúlveda.
Ante la posibilidad de que al término del trabajo de la Comisión, quede zanjado el tema de los DD.HH., Sepúlveda recalcó: “No es fácil ponerlo debajo de la mesa. Siempre nos va a acompañar, pero en la medida de que podamos afrontarlo de la mejor forma, vamos a poder convivir con éste. Por decreto no se puede establecer que nunca más se hable de eso”.