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Santiago: Martes 16 de diciembre del 2025 | Actualizado 13:29
ARICA.- Las disputas entre aduaneros y policías por realizar el control antidrogas en el complejo fronterizo de Chacalluta llegó ayer a la justicia. Con el apoyo de la Anef y la CUT, la asociación de funcionarios de aduanas interpuso un recurso de protección contra el jefe del OS-7 de Carabineros de Arica, capitán Juan Jiménez.
Los aduaneros acusan al oficial de perturbar su trabajo de fiscalización a las mercaderías que ingresan los pasajeros y de ejercer "apremios ilegítimos" contra una funcionaria que cumplía turno en el citado complejo.
El escrito hacía referencia al último episodio en los constantes conflictos que enfrentan a funcionarios de ambos servicios al colisionar sus labores fiscalizadoras: la disputa por revisar la maleta de un pasajero que incurrió en una conducta sospechosa.
El hecho ocurrió el 30 de marzo, cuando la aduanera Isabel Mella ordenó a un pasajero peruano regresar al mesón de control y abrir su maleta para la revisión física de su contenido. Aparentemente, el aludido no escuchó la orden y cuando abandonaba la isla de control, fue abordado por el cabo Jorge Rivera para controlar su identidad.
Se dio lugar así a un forcejeo por fiscalizar al sospechoso y que incluyó la amenaza a Mella de ser esposada y detenida, según la versión de los aduaneros. La versión indica que el pasajero fue retenido en la oficina policial en el complejo más de dos horas, mientras arribaban al lugar el capitán Jiménez y tres patrullas, pese a que finalmente se determinó que el afectado no cometía ningún ilícito.
El OS-7 y la prefectura de Carabineros desestimaron entregar su versión, por estar investigándose los hechos. La policía actúa sobre la base de las atribuciones que la ley de drogas y el Código Procesal Penal les entrega para intervenir a personas que ingresen a Chile evidenciando sospechas de cometer algún delito. Sin embargo, la asociación de funcionarios hizo referencia a un protocolo interinstitucional firmado en mayo de 2009 ante el jefe nacional de la Unidad de Pasos Fronterizos, Henry Saldívar. Éste establece que las brigadas antinarcóticos policiales deben actuar después del control migratorio, de Aduanas y del SAG.
Ese acuerdo fue impulsado por una disputa a empellones e insultos entre aduaneros y detectives antinarcóticos de Investigaciones por fiscalizar un bus peruano y tras el cual el aduanero Nelson Sepúlveda constató lesiones en el hospital acusando a los policías de haberlo reducido aplicándole una llave.
