La alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, pretende colocar detectores de metales en uno de los cinco colegios de su comuna.
Santiago Llanquín, El MercurioSANTIAGO.- En medio del debate que se ha generado por la idea del municipio de Huechuraba de colocar detectores de metales en algunos establecimientos educacionales afectados por violencia escolar, el Colegio de Profesores informó que interpondrá un recurso de protección en contra de la municipalidad, para que la disposición no se concrete.
"Creemos que una medida de este tipo estaría reñida con las leyes, cosa que va a determinar el tribunal y por eso vamos a hacer algunas acciones judiciales. (...) Lo que más calzaría en este tema sería un recurso de protección, porque habrían algunos derechos constitucionales que estarían siendo violados con acciones de esta naturaleza", dijo a Emol el presidente del magisterio, Jaime Gajardo.
El dirigente señaló que aún no está fijada la fecha en que se presentará la acción legal, sin embargo, aseguró que está trabajando para acudir a la justicia lo antes posible.
La polémica se generó luego que la alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, anunciara la realización de una inédita consulta ciudadana para aprobar o rechazar el emplazamiento de un dispositivo que evitaría el porte de armas en el interior del recinto educacional.
El presidente de los profesores aseguró que la utilización de ese tipo de tecnología no resolverá el problema, puesto que de alguna manera los alumnos seguirán ingresando elementos cortopunzantes y de fogueo a los establecimientos.
"Con esas medidas usted no va a solucionar los problemas, no podemos seguir enfocando este tema desde el punto de vista de marketing o de hacer acciones mediáticas, efectistas, represivas, sino que vamos al tema más de fondo (...). Usted puede tener detectores de metales, pero no le quepa la menor duda que se las van a ingeniar para pasar igual las armas sin que se las detecten", afirmó Gajardo.
El dirigente enfatizó que con este tipo de medidas se atenta contra los derechos de las personas y recalcó que la escuela "no es una cárcel, no es una aduana, no es un recinto que esté ocupado militarmente, sino que es un colegio y, como tal, deben regir las normas como funcionan este tipo de recintos".
A cambio de ello, Gajardo propuso la formación de una mesa de diálogo con todos los actores involucrados y la realización de políticas efectivas que ayuden a enfrentar la situación de agresividad que se está viviendo en los colegios.
Entre las soluciones, planteó la creación de apoyo a los estudiantes por parte de profesionales, mayor capacitación a los profesores para que puedan resolver los conflictos y declarar algunas zonas del país como de alto riesgo, con el objetivo de tomar las medidas de seguridad necesarias para enfrentar el problema.