Familiares recuerdan 5 años de tragedia de Antuco y critican ausencia de autoridades

CONCEPCIÓN.- Con ofrendas florales en la plaza memorial de Los Ángeles, una eucaristía en el Regimiento Reforzado 17 de esa ciudad y una velatón los familiares de los 44 soldados conscriptos y un sargento muertos en Antuco conmemoraron el quinto aniversario de la mayor tragedia militar en tiempos de paz.

Los familiares de los militares de las compañías Andina y Mortero que fueron vencidos por el viento blanco en la cordillera criticaron que a las ceremonias no participaran, por primera vez, el comandante en Jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba; y el ministro de Defensa, Jaime Ravinet. Los actos fueron encabezados por la intendenta Jacqueline van Rysselberhe.

"Es impresentable que estas autoridades no hayan asistido. Uno se pone quisquillosa al pensar por qué no asistió sobre todo el ministro Ravinet, quien era el ministro de Defensa de la época. Cuando se ostentan cargos se tienen cosas agradables, pero también se tienen cosas desagradable en su momento y él debiera haber venido en este minuto a hacer frente a las demandas que todavía tenemos", dijo Angélica Monares, presidenta de la agrupación de familiares de las víctimas de Antuco.

Entre las deudas que exponen destacó la situación de cinco familias que no han recibido el mejoramiento de sus viviendas y problemas al acceder a becas de educación por parte de los hermanos de los soldados, beneficios pactados con el gobierno anterior.

El Estado en diciembre de 2008 pagó $3.300 millones a las familias de los conscriptos fallecidos, mientras que con la del único suboficial de planta del Ejército, el sargento Luis Monares, se acordó cancelar $372 millones 500 mil.

Además, una cincuentena de los 98 sobrevivientes de la fatídica marcha de instrucción mantiene en curso tres demandas, por las que cada uno pide una indemnización de $120 millones por los daños físicos y sicológicos que los afectan. En una de esas causas, tramitada en Concepción, el tribunal falló a favor de los soldados y fijó una indemnización por daño moral de $10 millones, lo que fue apelado por el Consejo de Defensa del Estado.