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Santiago: Domingo 22 de febrero del 2026 | Actualizado 19:03
TEMUCO.- En un sorpresivo y unánime veredicto, los jueces absolvieron por pruebas insuficientes al egresado de tecnología médica, Edgardo Hernández Lucero (28) —anarquista pro-mapuche—, acusado de colocar y detonar un artefacto explosivo en el acceso de la Defensoría Penal Pública de Temuco, la madrugada del 11 de diciembre de 2008.
El veredicto, pronunciado por los jueces Gonzalo Garay Burnás, Luis Torres Sanhueza y Erasmo Sepúlveda Vidal, concluyó que el Ministerio Público "no ha sastisfecho el estándar de prueba requerido para llegar a establecer una condena al justiciable". Y a continuación señaló que las mismas "no resultan claras, precisas ni lógicas" para demostrar mas allá de toda duda razonable que el acusado tuvo partipación culpable como lo sostuvo el prosecutor.
La resolución si dió por acreditado la configuración del delito de colocar bombas, artefactos explosivos o incendiarios, sancionado por la ley antiterrorista, tal como lo argumentó el fiscal Sergio Moya en el juicio.
El fiscal Moya, a cargo de delitos vinculados al conflicto mapuche, acusó a Hernández Lucero de ser el autor de la instalación y detonación de una bomba casera confeccionada con un extintor rellenado a presión con pólvora negra y activado a un reloj mecánico.
De acuerdo a la acusación, el ahora absuelto joven anarquista, a las 01:10 horas del 11 de diciembre del 2008, envió desde un cyber-café un correo electrónico a medios de comunicación para reivindicar el atentado a la "Juventud Rebelde e Insureccional Rodrigo Cisternas". Después abandonó el local y caminó 261 metros hasta el edificio de la Defensoría, donde colocó e hizo detonar la bomba casera.
El principal testigo de cargo fue el dueño del ciber-café que reconoció a Hernández Lucero de haber ocupado el computador a la misma hora de la emisión del correo electrónico.
El acusado se había declarado inocente en el juicio. En su defensa argumentó que la noche del atentado dormía en la comunidad mapuche Temuicuicui, por los vínculos que tenía con sus dirigentes.
"La investigación no ha fracasado", dijo el fiscal Moya al ser consultado sobre el veredicto adverso. Agregó que si bien no se logró probar la culpabilidad, calificó como un éxito que el tribunal calificara como delito terrorista ese tipo de acciones.
A su vez, el abogado defensor, Álvaro Valdebenito, enfatizó el veredicto fue contundente y que las pruebas de la fiscalía fueron insuficientes para derribar la presunción de inocencia de su defendido.
