SANTIAGO.- Acompañado de Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), el abogado Eduardo Contreras presentó este martes las primeras 100 de un total de 1.197 querellas por ejecutados durante el gobierno militar.
Se trata de casos por los que actualmente no existen causas abiertas en la Justicia. Los nombres de las víctimas fueron seleccionados en un exhaustivo estudio realizado por la AFEP, según el jurista.
Tanto Lira como Contreras señalaron que posiblemente muchos de los casos fueron vistos anteriormente por los tribunales, pero las causas se cerraron por diversos motivos y, a su juicio, deben ser revisados por tratarse de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben ni pueden ser objeto de una amnistía.
A diferencia de los detenidos desaparecidos, cuyos cadáveres no han sido encontrados, los ejecutados son personas asesinadas por causas políticas cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Contreras y Lira consideraron además una obligación que el Estado, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, concurra a los casos como parte querellante.
