SANTIAGO.- La fiscalía Metropolitana Oriente solicitará a las autoridades judiciales de Perú antecedentes respecto de José Mauricio Aráoz Arguedas (19), el
autor confeso del
brutal asesinato de la asesora del hogar, Marcelina Almuna (66), ocurrido ayer en la calle Helsby de La Reina.
La información fue entregada por el fiscal Andrés Iturra, quien planteó que la idea es saber si el extranjero cometió algún delito en ese país, antes de ingresar a Chile en febrero de 2008.
Iturra formalizó cargos en contra de Aráoz por el delito de homicidio calificado con las agravantes de alevosía y ensañamiento en contra de la malograda mujer.
Durante la audiencia el fiscal aclaró que Almuna recibió 13 estocadas por parte del imputado, de las cuales cuatro eran de defensa, que al ingresar a la vivienda el sujeto portaba una cinta adhesiva y no cuerdas como se dijo más temprano, y que éste había realizado un trabajo en mayo en el lugar y que por eso era conocido por la víctima.
Además, leyó las declaraciones de diez testigos, entre los cuales se encuentra una asesora del hogar que vio a Aráoz ingresar al condominio con la cinta adhesiva, y la pareja de su madre, Luis Contreras, que es la persona que llevó al imputado a realizar un trabajo en la casa en que ocurrió el homicidio.
También leyó la declaración del imputado, quien aseguró que "aún no me explico por qué lo hice".
Según el fiscal, Aráoz aprovechó que la mujer lo invitó a desayunar y que esperó que ésta estuviera de espalda para atacarla para darle las estocadas que terminaron con su vida, y huir sin sacar objeto alguno. Una vez en su casa lavó a mano sus jeans.
Tras presentar los antecedentes, el fiscal pidió la prisión preventiva asegurando que Aráoz era un peligro para la sociedad, que existía peligro de fuga y que éste actuó con ensañamiento y alevosía al actuar sobre seguro contra la víctima.
Petición a la que se opuso el defensor penal público Eduardo Rosado, quien planteó que la mujer se defendió, por lo que su defendido no actuó sobre seguro, que no hubo ensañamiento porque las puñaladas son "actos propios de la agresión".
A ello agregó que éste no tiene antecedentes y que colaboró con a investigación al prestar declaración.
Pero la jueza Carmen Riquelme, del 47° Juzgado de Garantía de Santiago, desechó los argumentos del defensor, señalando que si bien no se sabe qué puñalada causó la muerte a la víctima, ésta fue amarrada y apuñalada, lo que acreditaba lo señalado por el fiscal por lo que lo dejó en prisión preventiva.
Ahora la fiscalía tiene 90 días para investigar el caso, mientras que el imputado fue derivado hasta el penal Santiago I.
