Cámara rechaza acusación constitucional contra intendenta de Atacama

VALPARAISO.- Seis votos impidieron que en la Cámara de Diputados prosperara la acusación constitucional promovida por la oposición en contra de la intendenta de Atacama, Ximena Matas, y el gobernador de Copiapó, Nicolás Noman.

En un extenso debate, los abogados defensores plantearon hoy la llamada "cuestión previa", es decir, que la acusación no reunía los requisitos que exige la Constitución y, por tanto, pidieron que la Sala la declarara inadmisible.

Su solicitud fue respaldada por 60 legisladores, mientras que 54 la rechazaron y uno se abstuvo, de tal manera que la acusación se dio por no presentada.

El abogado Hernán Bosselin (PRI) fue el encargado de hacer los descargos a nombre de Matas ante el libelo presentado por diputados de la Concertación y el PC, en que se le acusó por un oficio emitido el 26 de abril que llamaba a realizar un catastro de militancias políticas y de dirigentes sindicales entre los funcionarios del gobierno regional -que fue firmado por Noman durante un período de subrogancia- pero que fue dejado sin efecto el mismo día por otro documento.

En tanto, en representación del gobernador intervino el abogado Giovanni Calderón, quien entregó sus descargos y también hizo hincapié en que éste no podía ser acusado como subrogante de la intendenta.

Al término de la sesión la diputada integrante de la Comisión de Trabajo, Adriana Muñoz (DC), lamentó la decisión acordada en la Cámara e insistió en que "lo que está ocurriendo aquí no tiene otro calificativo que persecución política por parte de funcionarios del gobierno regional de Atacama, de quienes formalmente se intentó recabar antecedentes de militancia política y de dirigentes sindicales".

Por su parte el diputado de la Comisión Informante y quien defendió la postura de continuar con la acusación constitucional, Gabriel Ascencio (DC), insistió en que "había méritos claros y suficientes para dar curso a esta acusación, así lo expresamos en la Sala, con razones de peso, jurídicas, que demuestran que, tal como señala el libelo, se violaron varios artículos de la Constitución, en desmedro de los derechos de los trabajadores del sector público".