Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se reunió para analizar propuesta de indulto

SANTIAGO.- El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal (CECh) se reunió este miércoles para analizar la propuesta de Indulto Bicentenario que entregará al Gobierno en los próximos días.

La información fue confirmada a través de un comunicado, donde se detalló que en el encuentro participaron el presidente de la CECh, monseñor Alejandro Goic; el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz; el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati; el arzobispo de La Serena, Manuel Donoso (por ausencia del obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte); y el obispo auxiliar de Valparaíso, Santiago Silva.

La cita se efectuó mientras las agrupaciones de derechos humanos se reunieron con los obispos auxiliares de Santiago, Fernando Chomalí y Cristián Contreras, para expresarle su rechazo frente a la posibilidad de que el indulto sea entregado a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad.

La CECh precisó que, aunque los prelados no se han dado plazos para concluir la formulación de esta iniciativa, se estima que será presentada al Ejecutivo en el transcurso de las próximas semanas.

Uno de los participantes en la elaboración del texto señaló a El Mercurio que el espíritu de la propuesta "es pastoral, no jurídico", y que la decisión es fijar estándares específicos para el indulto, con el objetivo de evitar que queden en libertad quienes participaron en hechos graves.

Y si bien en el primer documento denominado "Misericordia y Clemencia: signos del Bicentenario" que fue entregado el 23 de abril al Presidente Sebastián Piñera, no había diferencia entre civiles y militares, ahora se estaría buscando una vía para que sí exista.

El tema genera inquietud en La Moneda, donde se ha sostenido en privado que el Mandatario no extenderá el  beneficio de la libertad  a militares connotados o vinculados a casos emblemáticos de derechos humanos, para evitar un flanco de críticas opositoras.

Mayor preocupación existe, sin embargo, porque la iniciativa ponga en jaque la política de seguridad pública impulsada por el Jefe de Estado.