Sindicato y familiares de mineros atrapados: Dueños buscan eludir su responsabilidad

SANTIAGO.- Gran molestia provocaron entre los familiares de los 33 mineros atrapados en el yacimiento San José y los miembros del sindicato, los dichos de los dueños de la empresa San Esteban, respecto a que la mina cumplía con los requerimientos del Sernageomin para operar.

Para uno de los familares afectados, las explicaciones de Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn son "absurdas". "Si (la mina) hubiese estado en buenas condiciones, no hubiese sucedido un derrumbe tan grande", dijo mientras hace vigilia en la zona del rescate.

Y otro, agregó: "Lo que dicen es una vergüenza. Como empresarios quieren sacarse la responsabilidad de lo que pasó en una minera que viene con problemas hace bastante tiempo".

Una de las declaraciones que más molestia provocó fue el reconocimiento de que la empresa E-mining Technology, contratada de manera externa para hacer un estudio geomecánico -que concluyó que no había indicios de riesgos en San José-, posteriormente siguiera trabajando con ellos en la explotación de la mina donde están atrapados los trabajadores.

"(E-mining) Trabajó por un tiempo, vinieron a hacer su pega y terminamos", señaló Kemeny a El Mercurio, agregando que no veía ninguna irregularidad en ello.

Para Javier Castillo, vocero del sindicato de San José, lo anterior "resulta tremendamente preocupante". "Qué garantía me pueden dar a mí si me dicen: 'Oye, mira, la misma empresa que hace el estudio es la que va a trabajar en esto'. O sea, yo tengo que aprobarla porque después me van a dar pega a mí mismo. Me pasaría de estúpido si no lo hiciera", cuestionó.

Castillo recuerda que por la inseguridad dentro de la mina, los antiguos trabajadores pidieran traslado a otro yacimiento. "El 2007 nos fuimos porque no quisimos trabajar más ahí. Entonces, no te extrañes que no tengamos relación directa con muchos de los trabajadores atrapados. No conocemos siquiera a sus familias, porque son gente que venía de fuera de la zona a trabajar". Según indicó, en el proceso de traslado también estuvo involucrada E-mining.

A juicio del dirigente, la reapertura de la mina respondió a una decisión política, ya que  hasta antes de 2007 el yacimiento cumplió con las medidas de seguridad que le exigieron las autoridades de la época como garantía para volver a explotarla.

"El problema es que pasado dos años, la empresa empieza a tomar su acostumbrada forma de explotar la mina, de manera irracional, ambiciosa, sin invertir en seguridad (...)", señaló. "Ahí dijimos, si la Corte Suprema ni el Gobierno ni nadie no nos resuelve (el problema de inseguridad) mejor nos vamos y el que quiera seguir trabajando... verá".