Presentan querella por irregularidades para beneficiarios del programa de exonerados

SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó este viernes que interpuso una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía, contra todos quienes resulten responsables de supuestos delitos de falsificación de timbres, de instrumento público, de instrumentos privados y usurpación de funciones tras detectarse la existencia de que se cobraba por ingresar y calificar al Programa de Exonerados Políticos, actualmente llamado Oficina de Exonerados Políticos.

Dicha repartición recibió un requerimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) para entregar antecedentes relacionados con la autenticidad de documentos, que fueron hallados en la oficina de Julio Allendes Allendes, quien se encuentra formalizado y en prisión preventiva por el delito de estafa reiterada por irregularidades detectadas en el beneficio que otorga el Estado mediante la Ley Valech.

Los antecedentes aportados por la PDI, además de dar cuenta de la existencia de personas que cobraban por el ingreso y la calificación de la Oficina de Exonerados, apuntan que entre la documentación encontrada por los efectivos en la oficina de Allendes, se encontró un listado de mil 500 personas, que supuestamente habrían sido calificadas por el nombrado programa, por lo cual, se está evaluando si se encuentran en los registros oficiales.

"Nuestras indagaciones internas apuntan a que probablemente se han perpetrado delitos que afectan al patrimonio del Estado y es por ello que el ministerio del Interior, ha   decidido poner en manos de la justicia esta situación", explicó Ubilla.

A la fecha, existen 157 mil 624 beneficiarios en el marco del Programa de Exonerados Políticos y se contabilizan 12 mil expedientes en trámite.

Finalmente, la autoridad expresó que "aquel que recibe los beneficios del Programa de Exonerado Político y que lo logró producto de su situación y con documentación original tiene que estar absolutamente tranquilo. En aquellos que no, que supuestamente se habría logrado este beneficio, en base a documentación falsa, ya sea por acciones de terceros o por iniciativa propia, la justicia tiene que determinar las consecuencias".