VALPARAÍSO.- El contralor Ramiro Mendoza reconoció la "amplia discrecionalidad" de las subvenciones presidenciales, que son motivo de análisis en la comisión investigadora de recursos traspasados por la ex Presidenta Michelle Bachelet a ONGs, a la cual asistió durante esta jornada.
En la oportunidad el titular del organismo fiscalizador señaló que no hubo situaciones que ameritaran juicios de cuentas o denuncias entre 2006 y 2008, periodo cerrado en cuanto a las fiscalizaciones, en tanto que lo ocurrido entre 2009 y el primer trimestre de 2010 está siendo analizado.
Apuntó que no hay nada ilegal en lo que ha observado hasta ahora la Contraloría. "Si la ley establece un ámbito de libertad importante, está la discrecionalidad presente y la Contraloría puede hacer muy poco", subrayó Mendoza, apuntando que las subvenciones presidenciales sólo tienen una restricción: ser entregadas a organismos sin fines de lucro.
"Las subvenciones presidenciales son de una amplitud tremenda. La Contraloría no tiene mucho espacio para hacer un cuestionamiento de mérito, porque la ley nos dice que podemos auditar todo lo que queramos, pero no podemos entrar al mérito de la oportunidad y la competencia", explicó.
Sobre las transferencias en general, más allá de las subvenciones presidenciales, el contralor indicó que la fiscalización del organismo "depende de la calidad de la normativa que los parlamentarios generen".
Dijo que si los parlamentarios "generan una normativa clara no tenemos problemas, porque, si quieren hacerse cargo de la discrecionalidad, están en su cabal situación competencial desde el punto de vista institucional y constitucional".
Explicó que corresponde al Congreso definir objetivos y finalidades en cada una de las glosas que se apruebe para distintos organismos a los que se les haga transferencias, lo que permite que la Contraloría desarrolle una mejor fiscalización en cada caso.