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Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 01:55
Los dueños de la mina advirtieron una posible quiebra y esbozaron que pedirán ayuda a las autoridades para cubrir los sueldos de los trabajadores.
Vladimir Bigorra, El Mercurio.SANTIAGO.- El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, informó esta mañana que se reunirá con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Mackenney, para solicitarle que "inicie todas las acciones judiciales destinadas a recuperar los gastos en que el Gobierno ha incurrido" producto del rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José.
En entrevista con Radio ADN, el jefe de gabinete garantizó además que el Ejecutivo se hará parte en la acción que lleva adelante el Ministerio Público debido al accidente y, de igual forma, aseguró que hará todos sus esfuerzos para que los propietarios del yacimiento asuman sus responsabilidades.
"Dentro de los próximos minutos me voy a juntar con Luis Díaz, quien es presidente de la Enami (Empresa Nacional de Minería), porque vamos a ejercer todas las acciones que correspondan a la Enami, que es acreedora de la mina. Por lo tanto, si en algún momento tenemos nosotros que ejercer acciones judiciales en contra de ellos, las vamos a ejercer", aseveró.
"No vamos a dejar ningún flanco abierto en materia legal", enfatizó Hinzpeter, quien recalcó también que el Gobierno se comprometerá "a hacerles llegar ayuda económica de alguna manera a esas familias, que no van a quedar abandonadas".
En ese sentido, tanto el titular de Interior como la vocera de La Moneda, Ena von Baer, insistieron hoy en sus críticas a los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, por su advertencia de posible quiebra y esbozar que pedirán ayuda a las autoridades para cubrir los sueldos de los trabajadores.
"La verdad es que nos parece impresentable que se pretenda eludir acá las responsabilidades", dijo la ministra, mientras que Hinzpeter lo consideró una "desfachatez".
El abogado Edgardo Reinoso, representante de 24 familias de los mineros atrapados, informó que investigará los bienes de los dueños de la minera San Esteban, debido a la posibilidad de que la empresa se declare en quiebra.
"En nuestro país, la simulación de contratos está penada criminalmente y si fuera así, nosotros vamos a ejercer las acciones y vamos a tratar de investigar qué pasa con los bienes de otros familiares, de personas cercanas, de amigas", ya que hay algunas figuras "que tienden a causar un fraude a los acreedores, pero esperamos que no sea el caso", manifestó Reinoso a Radio Cooperativa.
Hernán Tuane, abogado de la minera, aseguró que se han cumplido todas las obligaciones laborales y que San Estaban tuvo un problema de caja porque estuvo paralizada en su gestión "y no obstante siguió pagando los sueldos, lo que le produjo un déficit natural".
