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Presidenta de la Cámara envía misiva al Congreso argentino por caso Apablaza

En el texto, dirigido al diputado Eduardo Alfredo Fellner y al senador Julio César Cabos, Alejandra Sepúlveda informa que la mayoría de las bancadas apoyaron la iniciativa de extraditar al ex frentista.

22 de Septiembre de 2010 | 18:38 | Orbe
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Bancada Independiente

SANTIAGO.- Una carta para informar que la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de acuerdo que manifiesta el apoyo a la extradición de Sergio Galvarino Apablaza, envío la presidenta de la Cámara Baja, Alejandra Sepúlveda, a los representantes del Congreso argentino.


En el texto, dirigido al diputado Eduardo Alfredo Fellner y al senador Julio César Cabos, la parlamentaria informó que la mayoría de las bancadas apoyaron esta iniciativa, siendo promovido por la UDI y firmado como autores por representantes del PS, PPD, DC, PRSD, y la propia Sepúlveda.


Parte del proyecto indica que Apablaza "se encuentra procesado como autor del homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro de Cristián Edwards del Río, ambos hechos criminales perpetrados en plena democracia, en el curso del año 1991".


Además, agrega que "habiendo abandonado el país en 1992, el ciudadano Apablaza nunca ha comparecido ante la Justicia de Chile para responder por los cargos que se le imputan, ni para aportar antecedentes al esclarecimiento de ambos crímenes".


En el documento, los legisladores acuerdan "respaldar las acciones emprendidas por nuestro país ante la Justicia y el Gobierno de Argentina, con el propósito de dar curso a la extradición dispuesta por la Corte Suprema de esa nación de Apablaza Guerra".


Asimismo, el proyecto de acuerdo establece que la Cámara de Diputados reafirma "a juicio de quienes representamos a la mayoría ciudadana de Chile, la comparecencia del ciudadano Apablaza ante la Justicia constituye un paso ineludible para escalecer un crimen que hasta hoy permanece impune".


Finalmente, la iniciativa tiene por objeto "dar testimonio de la plena vigencia de la institucionalidad política y judicial que impera en Chile y, por tanto, de las garantías constitucionales que amparan a quienes deben responder ante la justicia".