El ministro enfatizó que los antecedentes del caso están en manos de distintas instancias investigativas que deberán determinar las responsabilidades.
Cristián Carvallo, El MercurioSANTIAGO.- Tras la fuerte polémica que se desató luego que la ministra del Trabajo, Camila Merino, hiciera comentarios sobre la seguridad laboral en la mina San José, el ministro de Minería, Laurence Golborne, afirmó que si algún funcionario público sabía de problemas al interior del yacimiento y no hizo nada por ello, deberá responder ante las instancias que correspondan.
"No existe ningún indicio distinto al que se ha conocido, no hay ningún conocimiento ni ninguna afirmación que haya habido de nadie respecto a los problemas de seguridad de la mina San José que se hayan efectuado en este ministerio", afirmó el secretario de Estado.
Sin embargo, a continuación advirtió que "si algún otro funcionario público tuvo una información y no actuó en consecuencia, deberá responder ante las instancias que se están investigando esta situación. Existen investigaciones judiciales, en el ámbito legislativo, y todas éstas cuando concluyan determinarán las responsabilidades".
La titular del Trabajo esbozó el lunes que el Gobierno manejaba indicios de que existían problemas de seguridad en la mina y que se debió haber actuado con anticipación. Sin embargo, horas más tarde rectificó sus palabras, al igual que la vocera de Gobierno, Ena von Baer, quien descartó que La Moneda conociera tales antecedentes.
Las declaraciones de Merino llevaron incluso a la presidenta de la Cámara, Alejandra Sepúlveda (PRI), a comunicarse telefónicamente con el presidente de la comisión investigadora de la mina San José, Alejandro García-Huidobro (UDI), para pedirle que la ministra del Trabajo sea citada a la instancia.
Además, el reproche fue generalizado en la Concertación, donde iniciaron una fuerte ofensiva. Mientras el presidente de la DC, Ignacio Walker consideró indispensable la comparecencia de la ministra a la comisión, el titular del Senado, Jorge Pizarro criticó la política comunicacional del gobierno.