Según cálculos de los sindicatos, cerca de 300 trabajadores de la empresa periodística se verían afectados por la resolución.
Héctor Aravena, El Mercurio.SANTIAGO.- A más tardar el próximo miércoles, el sindicato N° 1 de la empresa periodística La Nación S.A. acudirá a los juzgados civiles para impugnar la competencia de la junta de accionistas que hoy acordó el fin de la edición impresa del diario, para iniciar un nuevo proyecto en su versión digital.
El dirigente Víctor Pérez destacó que la acción legal será interpuesta por el sindicato que posee 40 acciones preferentes en la empresa, basándose en que "para implementar el nuevo modelo de negocios el accionista mayoritario, que es el fisco, primero tiene que necesariamente modificar los estatutos".
"Queremos impugnar la junta, ya que no tenía facultades ni atribuciones para decidir sin antes modificar los estatutos, porque el estatuto dice en su Título Primero, artículo tercero, que el objeto de la sociedad es publicar, editar y distribuir el diario La Nación, y en ningún lado dice que tiene que ser diario electrónico", remarcó.
"A nuestro juicio y el de nuestros abogados, es inconstitucional e improcedente lo que están haciendo", agregó el dirigente en conversación con Emol.
Pérez informó además que el próximo lunes se reunirán con la directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, para abordar la situación de los 300 funcionarios que se verían afectados por el término de la versión en papel del diario, cuyo principal propietario es el Estado.
En tanto, los tres sindicatos que no poseen acciones en la empresa -y que por lo tanto no están facultados para impugnar la junta- no descartan acudir también a tribunales.
Por su parte, a través de un breve comunicado de prensa, los accionistas privados de la empresa periodística La Nación S.A. informaron que este viernes hicieron presente "sus reparos por los incumplimientos normativos con que fue convocada la Junta de Accionistas de la sociedad".
Según lo indicado en el texto, "se demostró la falta de competencia de la Junta para pronunciarse sobre actos de administración que por ley y estatutos le competen al directorio".
"La sociedad reitera que velará porque cualquier cambio que se pretenda efectuar en los medios que tiene a su cargo, se haga con estricto apego a la institucionalidad vigente, respetando los derechos de nuestros colaboradores y sobre la base de un proyecto que haya sido evaluado con rigor y acuciosidad técnica", concluyó su declaración.