SANTIAGO.- La titular del 17º Juzgado Civil de Santiago, Rocío Pérez, citó para este jueves a la junta de acreedores de Minera San Esteban, en la cual se votará si se aprueban o no los convenios judiciales preventivos que buscan saldar las deudas que la empresa mantiene en el rubro comercial.
Hasta el momento se ha contabilizado que el monto adeudado a los acreedores no preferentes es de $3.936.315.611, más otros $2.100 millones de una empresa canadiense que fueron documentados esta semana.
En la audiencia realizada el viernes pasado se estableció que son 16 las sociedades que tendrán derecho a voto en esta instancia, luego que verificaran ante el tribunal los créditos a la empresa que vio interrumpidas sus faenas por el derrumbe que el 5 de agosto pasado dejó a 33 mineros atrapados en la mina San José de Copiapó.
Entre las firmas que se presentarán en la junta están Copec ($4.392.005), E-Mining Technologies ($1.217.054.360), Enami ($1.301.409.318), Banco Santander ($186.666.672), Asociación Chilena de Seguridad, ($2.476.275), Shell ($167.746.463), Edwin Holvoet ($177.439.810) y el Fisco por ítemes de vialidad ($112.000.000), entre otras.
En el caso de la firma canadiense Calderaridge dijo tener créditos por $2.100 millones, pero no documentó la deuda, argumentando que por tener su sede en Canadá no habían logrado recopilar la información necesaria.
Por tales motivos la multinacional pidió al tribunal aplazar la entrega de sus antecedentes para poder votar en la junta de hoy como el principal acreedor.
Luego que ninguno de los miembros de la junta se negara, la magistrada Pérez le permitió a Calderaridge aplazar la entrega de la documentación que, según la síndico de quiebras María Loreto Ried, fue concretada este martes.
La abogada adelantó a Emol que en la junta de hoy los acreedores votarán si aceptan el convenio diseñado por el experto facilitador para la cancelación de sus deudas por parte de Minera San Esteban.
¿Qué pasa con los trabajadores?
En esta instancia no participarán los trabajadores, quienes en los procesos de quiebra son los principales acreedores por su situación laboral, porque sus ex empleadores aún no les han cancelado el finiquito legal que asciende a $1.300 millones.
Al respecto, Ried explicó que no es necesario que estén, pues "los convenios judiciales preventivos no afectan a los trabajadores, ni a las sociedades bancarias, ni prendarias porque tienen la calidad de preferentes. Sólo si renunciaran a esa preferencia podrían presentarse a votar, pero no tiene sentido pues ellos están en vías de llegar a un acuerdo".
La síndico de quiebras tradujo esta etapa como "el fin del principio", ya que después de que se concrete el acuerdo, se inicia el proceso de cierre del trabajo del experto facilitador.
Reid sostuvo que tras ello se cancelará los que se debe a los trabajadores, a las empresas financieras y los demás acreedores. Esto en el marco del proceso de quiebras de la empresa que estuvo en el centro de las críticas este año por sus condiciones de seguridad que habrían propiciado el derrumbe que mantuvo encerrado durante 70 días a los 33 mineros rescatados desde las profundidades del yacimiento San José.