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Santiago: Viernes 26 de diciembre del 2025 | Actualizado 15:46
SANTIAGO.- Este jueves la Universidad Diego Portales dio a conocer un adelanto de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010, donde realizó un duro cuestionamiento a la labor de la Corte Suprema.
El académico y director del estudio, Jorge Contesse, fue especialmente crítico con el máximo tribunal al sostener que éste está "desmantelando" el contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre materias que les afecten directamente.
"Salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado –una vez más– en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales, exponiéndolo a ser reprendido por órganos de supervisión y monitoreo de tratados", declaró.
Como ejemplo, en el informe se citan diversos fallos en los cuales la Corte Suprema revirtió decisiones de las Cortes de Apelaciones que validaban el tratado internacional, como los de la machi Francisca Linconao y las comunidades Palguín y Peiukëlen, entre otros.
El documento también asegura que el máximo tribunal del país no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a reparación de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, especialmente en el terreno de las compensaciones civiles.
"La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó en casi todas las sentencias del último año la demanda civil en contra del Fisco", consigna el estudio y agrega que el máximo tribunal reproduce de manera literal el modelo de sentencia con el cual rechaza estas acciones.
Contesse comentó también que el documento demuestra cómo la misma Suprema "ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, cuestión de gravedad si se tiene presente los accidentes laborales acaecidos durante el año".
Al respecto, recordó que la Corte ha decretado que no le corresponde a la Inspección calificar relaciones contractuales laborales que pudieran ser encubiertas, con consecuencias en la aplicación de la Ley de Subcontratación así como en la posibilidad de negociar colectivamente.
En este punto, el académico añadió que durante los veinte años de gobiernos de la Concertación la situación de los trabajadores organizados "empeoró ostensiblemente", pasando de 10,1% de operarios con instrumento colectivo en 1991 a un 5,9% en 2009. De esta manera, Chile es el país de la OCDE con menos trabajadores organizados, sólo superado por Corea del Sur.
El próximo lunes se efectuará la presentación oficial del informe, que en general revela que la situación de los derechos humanos en Chile durante los primeros meses de gobierno de Sebastián Piñera ha experimentado avances, retrocesos y estancamientos en distintas áreas.
en primer año de Piñera han tenido avances y retrocesos, según estudioSantiago de Chile, 25 nov (EFE).- La situación de los derechos humanos en Chile en los primeros meses de Gobierno de Sebastián Piñera ha experimentado avances, retrocesos y estancamientos en distintas áreas, según un informe anual elaborado por la Universidad Diego Portales y difundido hoy en Santiago."Ha habido hechos que constituyen avances o señales promisorias en materia de protección de derechos humanos,” dijo a Efe el director del Centro de Derechos Humanos de esa universidad, Jorge Contesse.Entre esos progresos, sostiene el informe, se encuentra la denegación del indulto presidencial a los cerca de 60 militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Contesse destaca también la “rapidez” con la que el Gobierno intenta modificar la ley antiterrorista y la justicia militar en respuesta a las principales demandas de los 38 presos mapuches que estuvieron en huelga de hambre entre julio y octubre.Sin embargo, el académico advierte que “también se están evidenciando de manera creciente problemas.”Entre ellos, denunció que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior “está reteniendo las querellas en casos de ejecutados políticos,” como ya han denunciado otras organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura.También indicó que, si bien las reformas de la ley antiterrorista y de la justicia militar constituyen avances, éstas “tampoco cumplen cabalmente los estándares internacionales” y con ellas “todavía es posible que un civil quede bajo la justicia militar.”Esa falta de armonización del ordenamiento jurídico interno con las exigencias internacionales se da también, según Contesse, en el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que se tramita en el Congreso.Además, el estudio advierte de la falta de implementación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre materias que les afecten directamente.
En este aspecto, Contesse es especialmente crítico con la labor de la Corte Suprema que, a su juicio, está “desmantelando” el contenido de ese convenio y “expone al Estado a nuevas condenas internacionales.”
El estudio también cuestiona al máximo tribunal del país porque considera que ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, un aspecto que salió a la palestra tras el accidente de 33 mineros en el norte de Chile.En materia laboral denuncia igualmente que durante los veinte años de Gobiernos de la Concertación de centroizquierda (1990-2010) el porcentaje de trabajadores con un instrumento colectivo de trabajo pasó de un 10,1% en 1991 a un 5,9% en 2009, con lo que la situación empeoró ostensiblemente".
Por otra parte, el estudio señala que en los últimos años el hacinamiento en las cárceles ha aumentado desde el 45,2% al 60,6%, mientras que solo el 14% del presupuesto de Gendarmería (Servicio de prisiones) se destina a la reinserción.
El informe repasa otros aspectos de la situación de derechos humanos y la libertad de expresión, como el hostigamiento a las radios comunitarias, la violencia contra la mujer, la diversidad sexual, la emigración y los conflictos medioambientales.
