SANTIAGO.- El próximo juicio en ausencia en Francia a 14 ex agentes del régimen de Augusto Pinochet por la muerte de cuatro ciudadanos franceses debería ser un ejemplo para el gobierno chileno, según grupos defensores de Derechos Humanos (DDHH) que consideran que la búsqueda de justicia en el país está hoy en un segundo plano.
En Francia se inicia mañana 8 de diciembre un juicio en ausencia a 14 ex agentes -entre ellos un argentino- por la muerte de los franceses Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet.
"Lo que ocurre en Francia le está dando una clara muestra al Estado chileno de hacerse cargo de una situación que ocurrió en este país, persiguiendo y buscando enjuiciar a los culpables transcurrido el tiempo que sea", dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
El juicio en Francia se presenta en momentos en que organizaciones de DDHH denuncian que en el primer año de gobierno de Sebastián Piñera los esfuerzos por avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en las más de 3.000 víctimas que dejó la pasada dictadura parecieron estancarse.
Antes de asumir, en marzo pasado, Piñera se comprometió a agilizar los juicios por violaciones a los DDHH.
Pero -según denuncian estas organizaciones- el Gobierno mantiene retenidas 60 querellas contra violadores a los derechos humanos que estaban listas para ser presentadas, congeló recursos para el funcionamiento de organizaciones de víctimas y mantiene funcionando en precarias condiciones un programa oficial de derechos humanos. Esas 60 querellas involucran casos de 56 ejecutados y cuatro desaparecidos.
"Estamos observando una clara obstaculización en relación a avanzar en las causas de derechos humanos", afirmó Pizarro. "Hay una actitud soterrada que está tendiendo a la invisibilización del problema aún no resuelto de los derechos humanos en Chile", agregó.
Según Pizarro, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que dispone de abogados que revisan los casos de crímenes de lesa humanidad para luego llevarlos ante la justicia, está funcionando con dificultad después que varios abogados fueran despedidos.
La AFP intentó comunicarse reiteradamente con la directora del programa, Rossi Lama, pero no obtuvo respuesta. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, negó a medios locales que se tratara de un "desmantelamiento" del programa, sino del despido de dos funcionarios por una evaluación inapropiada.
Pizarro también denunció que el Gobierno de Piñera no accedió a liberar los fondos (80.000 dólares) destinados al funcionamiento anual de la agrupación, obtenidos a través de un proyecto de subsidio aprobado año a año.
"Cuando uno observa una determinación de este tipo, estamos ante una clara decisión política de obstaculizar el trabajo de esta agrupación", afirmó.
El juicio de la agrupación es compartido por el Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales que elabora un informe anual en esta materia.
"Con la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia, se aprecia un estancamiento de las medidas adoptadas por la administración anterior", señaló el reporte lanzado la semana pasada.
A pesar de ello algunos casos emblemáticos avanzan: el gobierno anunció que presentaría una querella criminal por la muerte en 1974 del ex ministro del derrocado presidente Salvador Allende, Jaime Tohá, hasta ahora caratulado como suicidio.
Los tribunales chilenos mantienen abiertas 350 causas por desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones que datan del período dictatorial, que involucran a unos 700 militares y agentes civiles.
