Poder Judicial aportará con información para mejoras al sistema carcelario

SANTIAGO.- Durante su reunión cotidiana de los lunes, el pleno de la Corte Suprema analizó el informe de la fiscal judicial Mónica Maldonado quien realizó una visita inspectiva a la cárcel de San Miguel horas después que un voraz incendio terminara el miércoles pasado con la vida de 81 reclusos de ese penal.

El vocero del máximo tribunal, Nibaldo Segura, sostuvo que tras analizar los antecedentes contenidos en el documento se llegó a un consenso unánime por parte de los magistrados de que dichos problemas carcelarios "lamentablemente no son nuevos, son reincidentes y reiterantes en el tiempo y nos consta a cada ministro que trabajamos en la Corte Suprema".

El supremo sostuvo que "desgraciadamente como tribunales no podemos nada más que limitarnos a cumplir lo que Código Orgánico de Tribunales (COT) que nos asigna que es las visitas respectivas", refiriéndose a las inspecciones que realizan los organismos del Poder Judicial a estos recintos.

Asimismo, explicó que las soluciones en esta materia están en manos de la ley y de los órganos que participan en la generación de éstas. Pese a esto, dijo Segura, acordaron como Poder Judicial que deben "coadyudar en alguna forma a los estudios que en su momento las autoridades respectivas quieran hacer para dar soluciones de estos problemas".

Es así como el máximo tribunal del país reunirá "el máximo de las informaciones disponibles respecto a una cronología histórica de los problemas que se han detectado en las cárceles de manera que tengamos material de ayuda y colaboración a los estudios que al respecto se pretenda hacer".

Apoyo a jueces de cumplimiento de pena

Respecto a la iniciativa del Gobierno de enviar el proyecto de ley que crea la figura de "jueces de control de ejecución de pena", dado a conocer hoy por El Mercurio, el magistrado señaló que les parecía "una buena solución".

"Creo que es un buen camino que va a coadyudar también a la solución más oportuna y directa de tribunales en este problema que atañe tan directamente a los reclusos", indicó.

Sobre la presunta participación de gendarmes en conductas de corrupción que agravarían aún más el complejo escenario del sistema carcelario, Segura dijo que "sin duda el problema macro está constituido de muchos problemas micro" y estuvo de acuerdo con la postura de que hay que buscar también soluciones al respecto.

Las conclusiones de la fiscal

El ministro Segura detalló que el informe de la fiscal judicial Maldonado entre sus principales conclusiones está el grave hacinamiento de la cárcel de San Miguel que supera su capacidad original en 100%.

"No cuenta con condiciones de espacio o infraestructura para el cumplimiento de penas puesto que no hay talleres, ni posibilidades reales de instalarlos ni planes para la rehabilitación, ni reinserción de presos. No existe personal de custodia, ni profesionales en número suficiente para atender las necesidades de su población", leyó el magistrado.

El pleno de la Corte Suprema también conoció, según dijo el vocero, de que el penal no cuenta con condiciones de seguridad adecuadas para los internos y que carecía de detectores de humo de incendio o cámaras de vigilancia que permitan una reacción oportuna del personal de Gendarmería.

Otra de las conclusiones del informe que fue relatada por Segura en la vocería del pleno de la Suprema es que "las condiciones de higiene y salubridad en que viven los internos son claramente deficientes. Los criterios de clasificación de los internos no se ajustan al reglamento penitenciario, puesto que se han ubicado personas primerizas de baja peligrosidad junto a reincidentes de alto compromiso delictual".

Finalmente se agrega al informe la nula respuesta que el jefe de seguridad del penal le dio a la fiscal Maldonado respecto a si existía "un protocolo de actuación para eventos como el ocurrido el 8 de diciembre y de existir si se cumplió".

El portavoz del máximo tribunal indicó que "de acuerdo a lo informado el personal no contaba con ningún elemento que les permitiera abrir las puertas de los dormitorios en los que se encontraban encerrados los internos con la premura que el siniestro lo requería, ni con los instrumentos para efectuar las primeras maniobras para amagar el incendio".