Oficiales Penitenciarios: "Somos todos responsables de lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel"

SANTIAGO.- "Con los 33 mineros nos dimos cuenta en qué condiciones se trabaja en las minas en Chile, pero para eso tuvo que pasar una tragedia... Esperamos que estas 81 almas que se perdieron en el incendio no sean en vano, que la sociedad tome consciencia y el mundo político asuma su responsabilidad".

Así resumió la crisis carcelaria desatada a partir del siniestro en la cárcel de San Miguel el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), Mayor José Maldonado.

El Mayor replicó varios aspectos como el mea culpa que deben hacer autoridades y parlamentarios por haber "policializado el tema de la delincuencia" y de la sociedad por pensar que "todo se soluciona con pena de cárcel".

En esa línea, indicó que el problema penitenciario "no solamente es la evolución cualitativa de la población penal y un modus operandis más violento en resolución de conflictos", sino que además responde al "hacinamiento, que es la evolución cuantitativa de la población penal; en ambos casos, la pregunta que nos hacemos como responsables de este sistema es ¨¿Qué han hecho la sociedad chilena, el Estado, el Congreso y el Poder Judicial por solucionar este problema?".

Por ello, cuestionó el Código Penal "vetusto" que tiene el país y la labor de los jueces, asegurando que se cae en "un círculo vicioso de qué es lo que definimos y que no como delito, tenemos una consecuencia que los reos están hacinados y en estas condiciones porque la sociedad, en su política criminal ha resuelto que la cárcel es la única manera de enfrentarlo".

"Somos todos responsables de lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel, como sociedad por tener que policializar el tema de la delincuencia, por pensar que un policía más es un delincuente menos, por pensar que metiendo a la cárcel a un delincuente vamos a solucionar el problema", agregó.

Asimismo, el oficial penitenciario se mostró incrédulo respecto a la celeridad y apoyo del Ejecutivo en la creación de jueces especiales, por lo que se pregunto "si el Estado no tiene recursos para sostener el sistema, de dónde va a sacar recursos para implementar una institución que se llame Curso de Ejecución de Penas".

Finalmente, lamentó que funcionarios de la institución fueran detenidos por corrupción, asegurando que si el Ministerio Público "tiene las pruebas necesarias como para sostener la acusación", se debe aplicar las sanciones correspondientes.

"Nos parece penoso que así sea, pero aparentemente estaríamos ante un hecho justo de aplicar una sanción expulsiva a quienes dañan la probidad administrativa", remató Maldonado.