En diciembre los funcionarios de la salud se movilizaron en el marco de la negociación del reajuste salarial del sector público.
Luciano Riquelme, El MercurioSANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la orden de no innovar del recurso de protección interpuesto por funcionarios de la Salud por los descuentos anunciados a los trabajadores que participaron de los paros de la ANEF.
La decisión de los ministros Patricio Villarroel Valdivia, Pilar Aguayo y la abogada integrante Andrea Muñoz implica que se podrán aplicar los descuentos salariales, al menos hasta que se resuelva el tema de fondo.
Asimismo, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó un recurso de protección presentado por agrupaciones de trabajadores de la zona en contra de la decisión del Servicio de Salud de Reloncaví.
El dictamen detalla que estos funcionarios están sujetos a ciertas disposiciones por ley y que "no pueden participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la administración del Estado".
Además, establece que cuando efectivamente no se haya trabajado no puede percibirse remuneraciones a menos que "se trate de feriados, licencias o permisos con goce de remuneraciones, previstos en el presente estatuto".
Respecto a la actitud del servicio de salud, la Corte de Puerto Montt sostiene que esta repartición pública "no ha hecho otra cosa que cumplir con las disposiciones legales que rigen la materia, no vislumbrándose la existencia, por parte de la recurrida, de algún acto arbitrario o ilegal".
El Ministerio de Salud anunció que el próximo mes se aplicarían los descuentos de cuatro días y medio a alrededor del 50% de los funcionarios de los consultorios municipales por los paros de la ANEF realizados durante diciembre, en el marco de la negociación del reajuste salarial del sector público.
Además, emitió un decreto que establece que se aplicarán descuentos cada vez que una paralización interrumpa o afecte la atención de los pacientes.
La intención del Ejecutivo es que así se garantice la continuidad de la atención de salud para las personas y generar un desincentivo a las movilizaciones de los trabajadores.