Ex carabineros se querellaron contra alto mando de Dipolcar denunciando escuchas ilegales

Un sargento y un cabo, que fueron exonerados en 2010 de la institución, aseguran que fueron objeto de escuchas telefónicas sin consentimiento de un tribunal.

31 de Enero de 2011 | 18:39 | Por Francisco Águila, Emol
El Mercurio

SANTIAGO.- Las fiscalías Metropolitana Centro-Norte y Militar de Santiago investigan el caso de dos ex funcionarios de Carabineros que se querellaron contra los miembros del alto mando de la Dirección de Inteligencia Policial de la institución, denunciando que sus teléfonos celulares fueron intervenidos en forma ilegal por miembros de esa unidad.


Se trata del sargento Esteban Infante Alcaíno y el cabo Luis Parra Castro, quienes pertenecían a la dotación de la 19ª Comisaría y fueron trasladados hasta la 5ª y 25ª comisarías de Conchalí y Maipú, respectivamente, antes de ser exonerados.


Según explicó a Emol el abogado de los ex uniformados, Claudio Cofré, miembros de Dipolcar realizaron la intervención engañando a un fiscal de Colina, al que le entregaron una nómina con números telefónicos de los miembros de una banda de narcotraficantes de la zona, entre los cuales iban los de Infante y Parra, pero con otros nombres.


El profesional aseguró que la institución reconoció los hechos y que se inició una  investigación sumaria que aún está en proceso.


A fines del año pasado la Corte de Apelaciones de Santiago corroboró la ilegalidad de las intervenciones, argumentando que los números fueron presentados como pertenecientes a otras personas, por lo que carecían del permiso de un tribunal.


A juicio de Cofré, el motivo de las intervenciones es que Dipolcar quería saber "el origen de la información que Infante y Parra usaban para resolver sus casos".


Las querellas fueron presentadas contra el general Guillermo Villalobos, el coronel Hugo Insunza, el comandante Sergio Ocares y el mayor Abelardo Alveal. Éste último habría realizado las tramitaciones para la intervenciones telefónicas.


La acción legal entregada al ente persecutor es por el delito de obstrucción a la investigación, mientras que en la Fiscalía Militar los delitos que se argumentaron son falsedad y omisión de denuncia.

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