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Caso Kodama: Ministro de Vivienda entrega informe al CDE para que se querelle

Rodrigo Pérez acudirá al organismo que defiende los recursos del fisco para ponerlo en conocimiento de la auditoría de Contraloría que detectó un "ardid" de funcionarios públicos en el millonario acuerdo entre el Serviu y la constructora.

16 de Mayo de 2011 | 12:06 | Emol
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Manuel Herrera, El Mercurio.

SANTIAGO.- El ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna, acudirá este lunes pasadas las 13:00 horas a las dependencias del Consejo de Defensa del Estado(CDE) para entregar formalmente los resultados de la auditoría que Contraloría realizó sobre responsabilidades administrativas que existieron en el frustrado acuerdo entre el Serviu y la empresa Kodama por gastos extras en los trabajos realizados en un corredor del Transantiago.


El secretario de Estado busca que el organismo cuente con los antecedentes necesarios para estudiar eventuales demandas civiles y querellas en contra de quienes resulten responsables de lo que podría revertir el delito de fraude al fisco.


El viernes pasado la Contraloría entregó la auditoría en la cual se establece que el Ministerio de Vivienda le adeuda poco más de $131 millones a la constructora y no $17 mil millones que el Serviu se había comprometido a pagar a Kodama tras una serie de negociaciones en las que participaron funcionarios de la cartera de Vivienda y que fue visado por la entonces ministra Magdalena Matte.


Asimismo, el ente fiscalizador estableció un "ardid" de funcionarios públicos que habrían intentado evitar los mecanismos de control de este acuerdo extrajudicial, situación que es actualmente investigada en el ámbito penal por la Fiscalía Centro Norte.


Esta última ha interrogado en calidad de imputados al ex asesor de Matte, el abogado Álvaro Baeza, el ex subdirector jurídico Rafael Marambio, el ex subdirector de Pavimentación del Serviu, Franz Greve, y a los abogados de la firma involucrada.


El ministro Pérez hará presenta al CDE a través de un oficio que la cartera les solicita a la institución "tenga a bien disponer el estudio y presentación, en su caso, de las acciones civiles y criminales que procedan en contra de las personas responsables en sus calidades de autoras, cómplices o encubridoras, incluyendo la eventual aplicación de la ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas".

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