Harald Beyer, un experto en educación que rechaza la universidad gratuita para todos

SANTIAGO.- El nombramiento de Harald Beyer como ministro de Educación no debiera ser una sorpresa para el oficialismo y menos para la oposición. Al subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP) se lo mencionaba como posible integrante del gabinete de Sebastián Piñera desde antes que el empresario derrotara en las elecciones presidenciales a Eduardo Frei.

Como experto en educación es respetado en círculos académicos, estudiantiles y políticos de todos los sectores. Por ello ha integrado prácticamente todas las comisiones relevantes sobre la materia en la última década.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet, el doctor en Economía de la Universidad de California formó parte del comité técnico que ayudó a elaborar la Ley General de Educación (LGE) tras la "revolución pingüina", y desde 2008 fue el coordinador del grupo Tantauco, que participó en la elaboración del programa presidencial de Piñera.

De carácter eminentemente técnico, la incógnita que se abre es si la falta de experiencia política de Beyer perjudicará su gestión al mando de una cartera que seguirá enfrentando momento complejos en 2012.

Algunas de sus definiciones

En el conflicto estudiantil de este año nunca dejó de dar su opinión, la que ha sustentado siempre en datos y estudios tanto del CEP como de investigaciones internacionales.

Se ha mostrado contrario a la idea de establecer universidad gratuita para todos, una de las principales demandas del movimiento estudiantil que lideraron Camila Vallejo y Giorgio Jackson, señalando que ello no contribuiría a disminuir significativamente la desigualdad en el país.

"Si miramos la distribución del gasto total en aranceles de la educación superior por decil de ingreso, queda en evidencia que la gratuidad es una política regresiva, en el sentido de que el gasto se concentraría en los grupos de mayores ingresos", señaló Beyer al presentar un paper sobre financiamiento universitario.

En esa línea, agregó que "la gratuidad costaría US$ 4.300 millones", tomando como base la encuesta Casen 2009. "Juntar esa plata es posible, pero en un país con esta desigualdad, la pregunta relevante es si eso es conveniente. Una gran parte de los egresados de la educación superior van a ser de altos ingresos y, por tanto, no es una inversión que ayude a producir mucha igualdad", añadió.

A su juicio, para avanzar en equidad, inclusión y calidad es indispensable redirigir la atención hacia la educación preescolar y escolar, por lo que "el fortalecimiento de la educación pública, pasa por profundizar esos tres ejes antes que intentar una desmunicipalización hacia organizaciones que no tienen un sustento claro en la institucionalidad chilena".

Asimismo, ha declarado que para definir nuevas formas de financiamiento de las universidades "es razonable pensar en una nueva clasificación de todas las universidades, según su grado de complejidad, superando el obsoleto esquema vigente".