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Santiago: Domingo 22 de febrero del 2026 | Actualizado 20:22
SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago fue enfática en señalar que el Ministerio Público no tuvo motivos plausibles para haber llevado adelante el denominado caso Bombas y haber mantenido presos durante varios meses a 14 acusados que fueron sobreseídos definitivamente a petición de la propia fiscalía tras la preparación de juicio oral.
Así lo establece el fallo de la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino, al cual tuvo acceso Emol, en el que se señala que "a juicio de estos sentenciadores, luego de estudiados los antecedentes de la causa, no se aprecia cómo podría configurarse la plausibilidad de los motivos para litigar que pudiera exhibir el Ministerio Público".
Por todos estos motivos es que la Corte capitalina rechazó el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia del juez Fernando Valderrama, del Octavo Juzgado de Garantía, quien estimó que el ente perseguidor penal debe cancelar cerca de $29 millones para cubrir las costas de este proceso penal, entre las que se cuentan -por ejemplo- los honorarios de abogados de los 14 acusados que fueron exculpados.
"Sin entrar en la materia de la prueba reunida para configurar, sí se puede decir que si la inmensa mayoría de dicha prueba fue desechada, por la razón que fuere, por el tribunal de primera instancia, decisión confirmada por esta Corte, no resulta serio, prudente, ni respetuoso con los derechos de quienes debieron soportar los efectos de esta investigación (incluso con extensos períodos de privación de libertad) sostener que se litigó con motivo plausible", dicen los jueces.
La resolución además respalda el trabajo del titular del Octavo de Garantía Luis Avilés quien fue cuestionado por el Ministerio Público durante la realización de la preparación de juicio oral, instancia tras la cual se decidió el sobreseimiento de la mayoría de los imputados de este bullado caso.
Sobre la resolución de Avilés de haber condenado a la Fiscalía Sur a pagar las costas del juicio, la Corte respalda en este fallo los argumentos expresados por el juez de primera instancia para adoptar esta decisión calificándola de "totalmente procedente" pues se configuraba una norma expresa respecto a que se da curso a esta situación cuando el imputado es absuelto o sobreseído definitivamente.
La condena en costas detalla que la fiscalía debe pagar $ 6 millones al abogado Miguel Soto Piñeiro por la defensa de Candelaria Cortez-Monroy, $ 6 millones a Valentina Horvath quien representó al ex lautarista Pablo Morales, $ 5 millones a Morris Farachi por la defensa de Francisco Solar, $ 6 millones a Rodrigo Román por representar a Andrea Urzúa, Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera, y a $ 6 millones a Julio Cortés quien patrocinó a Carlos Riveros, Felipe Guerra y Diego Morales.
