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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 18:20
SANTIAGO.- La fiscal regional Solange Huerta, que indaga el denominado caso Tsunami, ingresó este viernes la solicitud de formalización para ocho personas, entre las que se encuentra el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la entonces directora de la Onemi Carmen Fernández, por su responsabilidad en el cuasidelito de homicidio de las personas que murieron por la alerta fallida de maremoto el 27 de febrero del 2010. También se levantarán cargos contra tres funcionarios del SHOA entre ellos el ex director del organismo de la Armada, el comandante Mariano Rojas.
A través de un comunicado, el Ministerio Público explicó que tras analizar durante dos años las pruebas recopiladas se decidió levantar cargos a los funcionarios civiles y del SHOA por "presuntas responsabilidades penales en relación con la falta de alerta a la población sobre el tsunami que afectó la zona centro sur del país en la madrugada del 27 de febrero de 2010, con resultado de 156 muertes y 25 desaparecidos".
Asimismo, el ente perseguidor penal señala que "este requerimiento se encuentra fundado en el estudio de un conjunto de antecedentes que en esta etapa procesal permiten presumir la existencia de delitos culposos en el desempeño de un grupo de personas por su participación en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población".
Entre las demás autoridades civiles y militares que serán llevados ante la justicia está quien el 27 de febrero de 2010 ostentaba el cargo de jefe del Centro de Alerta Temprana (CAT), Johaziel Jamett, quien evaluó esa madrugada el fax enviado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) dependiente de la Armada.
Otro funcionario del CAT que será formalizado es el jefe de turno del organismo Osvaldo Malfanti, quien era responsable de entregar la asesoría técnica a las autoridades presentes en la Onemi para decretar la alerta de tsunami en las costas del país.
Junto con ellos, se imputará cuasidelito de homicidio al sismólogo de la Universidad de Chile, Carlos Aranda Zapata, quien durante la tragedia asesoró en la Onemi a la entonces Presidenta Michelle Bachelet en las decisiones que se tomaron esa madrugada.
Autoridades del SHOA
En la petición de formalización, la fiscal Huerta solicita al tribunal que se cite también al ex director del SHOA, comandante Mariano Rojas, quien -según los antecedentes de la indagatoria- sería uno de los responsables de haber cancelado la alerta de maremoto.
Junto al comandante, también se le imputará el cuasidelito de homicidio al ex jefe de turno que estaba en el SHOA el 27-F, el teniente 1º Mario Andina y el capitán de corbeta, Andrés Enríquez, en su calidad de asesor técnico del organismo de la Armada.
Ahora el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago debe fijar una audiencia en la cual la Fiscalía Occidente entregará los presupuestos materiales con los que cuenta para atribuir las responsabilidades penales en la catástrofe que dejó cientos de víctimas en la zona centro-sur del país.
